El Parlamento húngaro aprobó una controvertida ley que endurece el veto a la financiación extranjera en política y crea una oficina que puede investigar «injerencias» foráneas, algo comparado por la oposición y defensores de derechos humanos con las tácticas rusas de acoso a la disidencia.
Promovida por el partido gubernamental, el Fidesz, del primer ministro ultranacionalista, Viktor Orbán, la ley prevé imponer hasta tres años de cárcel por el uso de fondos provenientes del extranjero en campañas electorales.
También se crea una «Oficina de defensa de la soberanía nacional«, que «detecta e investiga» las actividades extranjeras o del interior que «podrían poner en peligro la soberanía de Hungría», «influir en los resultados de las elecciones», así como «en la voluntad electoral».
Según analistas locales, al hablar de la «defensa de la soberanía» en realidad la ley trata de servir los intereses del Gobierno de Orbán. «Cuando el Gobierno habla de intereses nacionales, suele hablar o referirse a sus propios intereses, a los intereses del poder, a los intereses del régimen», dijo el analista del instituto ‘Political Capital’, Bulcsú Hunyadi, en una charla con periodistas de medios internacionales en Budapest.
Disposiciones vagas
Una de las críticas más importantes es que en el texto no se determina de una manera clara e inequívoca qué significa «influir» o «manipular información», señala, por su parte, Márta Pardavi, copresidenta del Comité Helsinki de Hungría.
«Se trata de disposiciones deliberadamente muy vagas«, apuntó Pardavi ante los periodistas internacionales, agregando que la entidad preparará informes anuales que se harán públicos y que incluirán conclusiones sobre sus investigaciones.
La oficina podría investigar a cualquier persona u organización, incluyendo a los partidos políticos, las ONG, las iglesias y hasta particulares.
Esta oficina no tendrá competencias para sancionar, pero tampoco existirá la posibilidad de presentar recursos contra el contenido de los informes y contra las mismas investigaciones. «Se trata de la culminación de las campañas en curso que se basan en la intimidación y el acoso», afirmó Pardavi.
La responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pidió a finales de noviembre que Hungría renuncie al proyecto, principalmente la creación de la Oficina. «Las competencias que tendría esa instancia suponen un riesgo significativo» para los derechos humanos en Hungría, advirtió Mijatovic en un comunicado, agregando que los amplios poderes de la entidad podrían ser utilizados como arma contra cualquiera que pudiera ser considerado un adversario político.
Antecedentes legales
En 2017 el Gobierno húngaro impulsó la aprobación de una ley que obligaba a las ONG que reciben más de 23 000 euros desde el exterior a proporcionar una lista de donantes y definirse como una «organización financiada desde el extranjero». Cuatro años más tarde esta norma fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que violaba la legislación comunitaria.
En este mismo contexto el presidente de Transparencia Internacional de Hungría, Miklós Ligeti aseguró en declaraciones al portal independiente 24.hu que «el texto no tiene ni una parte que no se derrumbaría en una revisión real del Tribunal Constitucional».
Fuente Euronews
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