El arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, habló en la eucaristía por el Día de la Virgen de la Altagracia.ONELIO DOMÍNGUEZ/
Continúa amplio rechazo social a Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerar que la norma viola derechos humanos fundamentales.
El arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, manifestó que la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sería un “jaque mate” a la libertad de expresión y a otros derechos humanos.
“Coincido con algunas instituciones, que parte de esta Ley, especialmente el artículo 11, que habla sobre la entrega de información, constituiría un jaque mate a la libertad de expresión, a la intimidad y la confidencialidad”, expresó el arzobispo durante la eucaristía con motivo del Día de la Virgen de La Altagracia.
Al presidir esta misa en el Santuario de la Iglesia La Altagracia del centro histórico de Santiago, Rodríguez pidió orar para que esta ley no genere un retroceso en el avance de la democracia dominicana.
“Quiero presentar a la virgen esta ley, para que esta no genere un estrés colectivo en nuestra sociedad y tampoco un retroceso en el avance de nuestra democracia”, señaló.
Dijo también que está ley mutilaría derechos fundamentales, como la libre expresión del pensamiento, el derecho de la privacidad y el secreto profesional, como han sostenido la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y otros actores importantes de la sociedad dominicana.
Asimismo, expresó su preocupación por la entrada en vigencia de la Ley. “Ojalá que sea para un mejor provecho de la sociedad y que se corrija, aunque leí en algún diario que fue aprobada, esperemos que la medicina no sea peor que la enfermedad”, añadió.
Disposición al diálogo
En un comunicado el gobierno manifestó disposición de abrir un diálogo con diversos sectores, a través del consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Luis Soto.
El llamado fue hecho a la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), y otros sectores interesados.
Luego del comunicado, la SDD acogió el llamado. El primer encuentro se producirá este lunes, en la tarde, según informó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Retroceso inaceptable
El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández calificó ayer en Puerto Plata como un retroceso institucional la Ley 1-24 que crea la DNI, en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones.
Dijo que con la ley recientemente aprobada cada ciudadano está sujeto al capricho de quien dirija la DNI, sin que exista la duda de que se ha cometido una infracción a las leyes penales. “Eso no se puede aceptar, es un retroceso a la democracia y tenemos que enfrentarla porque es una ley inconstitucional”.
El presidente de la Fuerza del pueblo pronunció sus palabras al culminar un recorrido por los barrios de Puerto Plata, junto a los candidatos municipales y legislativos de la organización.
Participaron Wáscar Vargas, candidato a la alcaldía; Maritza Rivera, a vicealcaldesa; el candidato a senador de la alianza Rescate RD, Walter Musa, y los candidatos a diputados Ivannia Rivera y Alfonso Crisostomo, así como el presidente provincial Francis Vargas y el presidente municipal Frank Salvador, entre otros dirigentes.
“Ley Dictadura”
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó la recién aprobada “Ley Dictadura” del presidente Luis Abinader como el mayor desacierto legislativo en la historia de República Dominicana, en referencia a la norma que crea la DNI.
La entidad considera la Ley 1-24 una verdadera aberración y atentado a la libertad de expresión, de prensa y violadora fundamentalmente de la intimidad de las personas, del honor, al buen nombre y la propia imagen, todo ello en desconocimiento a la constitución y tratados internacionales, en materia de Derechos Humanos.
La FJT estima que “Ley Dictadura” podría ser usada, para un férreo control político, digital, social y mediático de los contrarios al régimen de turno.
“Todo ello inaceptable en una democracia, como aspiramos tener y preservar en el país”, dijo Cándido de Jesús, director ejecutivo de la FJT.
De acuerdo con la entidad cívica, esta ley serviría para blindar a los políticos, gobiernos y funcionarios públicos de los cuestionamientos que en democracia les corresponde formular a los ciudadanos y a la prensa.
De Jesús aseguró que se trata de una ley que vendría a remembrar épocas pasadas y ya superadas, propias de regímenes dictatoriales, con muchas ambigüedades e incongruencias, discrecionalidad de una amplia capacidad reglamentaria, descontextualización y limitación de derechos fundamentales.
FJT pide al presidente Abinader, derogar la “Ley Dictadura” y no permitir que en sus manos muera la democracia en el país.
Más rechazo
El expresidente del Colegio de Periodistas y exdiputado, Rafael Méndez, advirtió que esa norma legal podría tener “fines inconfesables”.
“Los argumentos utilizados por el gobierno, a través de sus voceros más calificados, pretendiendo justificar la creación de la DNI son falaces y engañosos, porque la realidad es que la delincuencia y el crimen organizado son problemas que pueden ser abordados con las instituciones de seguridad y justicia existentes”, dijo.
Empero, consideró importante que se realice un debate público sobre este tema, para garantizar que la DNI sea utilizada para la protección de los ciudadanos y no para su persecución, y “mucho menos para vulnerar derechos como la libertad de prensa, los derechos privados y el secreto profesional”. Estimó que la DNI ha generado “legítimas preocupaciones” en amplios sectores de la sociedad, por lo que muchos han advertido que la creación de ese órgano de inteligencia podría esconder “fines inconfesables”.
Considera que la ley constituye una grave amenaza a las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, “ya que la deja claramente facultada para realizar investigaciones de todo tipo, incluidas las que tengan por objeto la vigilancia y seguimiento de personas, organizaciones y actividades políticas”.
Derechos humanos
El abogado Juan Morel, coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa de la República Dominicana, consideró que esa ley, lejos de cumplir con su rol, lacera los derechos constitucionales, y llena de confusión todo el andamiaje de la inteligencia del país.
Hizo un llamado para que se cree una comisión consultiva que pueda colaborar con el reglamento de la ley, para que la incidencia de conculcación de derechos humanos, en nombre de la seguridad nacional, no sobrepase los límites de los derechos humanos.
También sugirió que, en caso extremo, se presente una nueva iniciativa legislativa que compacte los tres proyectos de leyes presentados y adecúe el rol del sistema nacional de inteligencia y la DNI, a los tiempos de la seguridad nacional dentro del estado constitucional y de derechos. Planteó que esa ley necesitaba ser debatida con la comunidad de seguridad y defensa y ser asesorada por conocedores de la materia y acotó que inobserva varios anteproyectos que se habían trabajado.
“El principal problema de la ley es que a una agencia del subsistema de inteligencia estratégica que opera la inteligencia de Estado, lo pone como si desarrollara inteligencia delictual, por eso es que hace la ley énfasis en el sentido de los requerimientos obligatorios de informaciones”, advirtió el especialista en derecho constitucional y seguridad.
Precisó que la ley crea a la DNI como un súper órgano y no la obliga ceñirse al debido proceso, lo que entiende podría ser un mal presagio. Sostuvo que “lastimosamente han sorprendido en su buena fe a los tomadores de decisiones, que son los consumidores de la inteligencia que en el nivel estratégico.
Enmienda
El candidato a senador por el PRSC-FNP, Vinicio Castillo Semán, pidió al presidente Luis Abinader enviar una enmienda legislativa al Congreso, que suprima y corrija los artículos cuestionados por su inconstitucionalidad, ya que vulneran derechos fundamentales, tal y como han pedido la SDD, las empresas telefónicas y diversos sectores de la vida nacional.
Fuente LISTÍN DIARIO
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