El Servicio de Seguridad del Estado de Georgia (SSG) dijo hoy lunes que había incautado varias unidades de artefactos explosivos y una “cantidad importante” de material explosivo, presuntamente procedente de la ciudad ucraniana de Odesa y con destino a Rusia.
El SSG dijo que profesionales de su Centro Antiterrorista habían descubierto dos baterías de coches eléctricos reutilizadas como contenedores durante la búsqueda de un vehículo y las baterías contenían seis «artefactos explosivos especiales» escondidos en su interior.
«El SSG reveló que siete personas de Georgia, tres de Ucrania y dos de Armenia estaban implicadas en la importación de artefactos explosivos a Georgia, su transporte dentro del país, la transferencia de un contenedor a la Federación de Rusia y la colocación de otro contenedor en la capital», apuntó el director del Centro Antiterrorista del SSG, Bacha Mgeladze.
Detonadores eléctricos
«Los detalles del caso y la situación hacen sospechar que la implicación de ciudadanos georgianos y el uso del territorio georgiano puede haber sido orquestado para desviar la culpa de posibles actos terroristas, ya sea dentro del país o en el extranjero, contra Georgia», añadió Mgeladze.
Los artefactos explosivos contenían explosivo plástico de grado militar C-4 con un peso total de 14 kilogramos, capaz de ser activados por detonadores eléctricos y temporizadores especiales, dijo el SSG.
Además, los contenedores contenían seis detonadores y seis llaves especiales y cada artefacto explosivo estaba alojado en una caja separada. Los cronómetros electrónicos estaban preprogramados para su activación, afirmó y añadió que los dispositivos y las sustancias procedían de la ciudad ucraniana de Odesa antes de haber atravesado Rumanía, Bulgaria y Turquía antes de llegar a Georgia.
¿Quién está detrás?
El SSG nombró directamente a un ciudadano ucraniano de origen georgiano como el presunto autor detrás del envío de los explosivos, acusando directamente al excandidato a diputado por Kiev en el distrito de Odesa, Andrei Sharashidze, del partido Servidor del Pueblo.
El SSG señaló que sigue investigando el caso de compra y almacenamiento ilegal de sustancias explosivas, que podrían conllevar una pena de tres a seis años de prisión, pero señaló que se podría añadir cargos de planificación de actos terroristas, lo que elevaría la pena a entre 10 y 15 años de prisión.
Fuente Euronews
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