Por Miguel SOLANO
(Este artículo de opinión y su contenido es de exclusiva responsabilidad del autor)
Sí, los alcaldes que fueron electos en el pasado proceso electoral de febrero 18 son autoridades ilegítimas. La peor de ellos es la alcaldesa del Distrito Nacional, doña Carolina Mejía. Es la secretaria general del PRM, gobierna en el lugar del país donde están concentrados el 90% de los empleados públicos y ella se vanagloria de haber llevado el 100% de la militancia PRM a votar. ¿Y qué consiguió? El padrón electoral del Distrito Nacional tiene registrados 902 mil electores, Carolina consiguió 202 mil votos, para un ridículo 22% del electorado. La desvergüenza fue tan grande que días después pusieron a sus Vocinas y Bufones a decir que Carolina estaba entre la mas votadas y a ocultar el hecho de que a pesar de estar situada donde lo está, en pleno Distrito Nacional, sufrió de los niveles de abstención jamás vistos.
La ley tiene que ser legítima, si no tiene legitimidad no puede ser ley. Para que la ley sea legítima tiene que haber sido aprobada en el Congreso y promulgada por el presidente. La legitimidad de la ley se logra porque obtiene la mayoría, es decir, el cuorum de los votos. Hay todo un protocolo que se debe cumplir porque la legitimidad es la que garantiza limpieza y pureza democrática.
Todos aquellos que van a ejercer, a administrar la casa pública van a hacer cumplir leyes legítimas y por tanto su autoridad tiene que ser legítima.
El país no puede darse el lujoso daño de tener alcaldes que van a administrar el 10% del presupuesto de la Nación porque el ridículo 22% del electorado le dió ese mandato. Legítimamente el 22% no tiene ese poder.
Pero tenemos ese hueco en nuestra ley electoral. Hay que hacer los cambios, pero ya. Y yo propongo que se imponga que la elección de un ejecutivo, presidente, vice, alcalde,…, sea obligatorio que obtenga el 50+1 del 60% del padrón electoral. Oigalo bien: no el 50+1 de los que vayan a ejercer sus derechos al voto, sino el 50+1 del 60% del padrón electoral.
Así atacamos la ilegitimidad de las autoridades electas y obligamos a los electores a cumplir con sus deberes constitucionales.
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