El gobierno de los Estados Unidos y su embajada en La Habana intentaron desmarcarse de las recientes protestas populares en algunos barrios cubanos.
“Estados Unidos no está detrás de las protestas y esas acusaciones son absurdas”, salió a decir el vocero del Departamento de Estado, mientras la legación diplomática instaba al gobierno cubano a atender “las necesidades legítimas del pueblo cubano”.
Noticias dan fe de esa combinación de sanción económica total y subversión bien financiada de Washington contra Cuba.
El gobierno de Estados Unidos impuso hace unos días una multa de 3.7 millones de dólares al banco suizo EFG tras acusarlo de violar las medidas de Estados Unidos contra Cuba y contra individuos de otras naciones incluidas en la lista negra, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
EFG es un banco privado con alrededor de 165 700 millones de dólares en activos bajo gestión y ofrece una gama de servicios financieros a clientes institucionales e individuos en todo el mundo.
Hace unos meses también se habían impuesto sanciones a la empresa financiera daVinci, con sede en territorio estadounidense, por no cumplir con las sanciones del bloqueo.
Por esos antecentes y otros, y debido a la calificación como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo, numerosas compañías y entidades financieras del mundo se rehusaron a operar con Cuba por temor a represalias del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del Departamento del Tesoro, denunció el informe que Cuba presentó a la ONU en octubre de 2023 sobre los efectos del bloqueo.
Decenas de bancos suspendieron sus operaciones con el país, incluyendo transferencias para la compra de alimentos, medicamentos, combustibles, materiales, piezas y otros bienes.
Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el número de bancos extranjeros que por diferentes motivos se negó a realizar operaciones con bancos cubanos ascendió a 130 (75 de Europa, 21 de América y 34 del resto del mundo), con 267 operaciones involucradas.
Los bancos suizos UBS, Banque Cler y Banco Cantonal de Basilea se negaron a transferir donaciones realizadas a Cuba por las organizaciones de solidaridad helvéticas MediCuba-Suiza y Asociación Suiza-Cuba, que serían destinadas a la compra de instrumental quirúrgico para la unidad de quemados y cirugía reconstructiva del Hospital Hermanos Ameijeiras.
Los bancos Deutsche Bank y el Royal Bank of Canada, también se negaron de manera reiterada a aceptar los pagos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) a bufetes de patentes que representan a Cuba en distintos países, lo que afecta cualquier acción futura de negociación, registro o comercialización de sus productos en el exterior.
Desde 2021 se ha enfrentado la negativa de tres bancos europeos a realizar operaciones con el Banco Financiero Internacional (BFI) y el Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), lo que provocó que un proveedor detuviera los servicios técnicos que debía prestar a la Planta del CIGB del Mariel, donde se produce a escala industrial la vacuna Abdala contra la COVID-19.
La Cámara de Representantes logró introducir en la Resolución que autoriza el financiamiento de 1200 millones de dólares para sostener las operaciones de algunas áreas del Gobierno estadounidense (los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Estado y el poder legislativo), un monto de más de 50 millones de dólares para acciones en Cuba, con énfasis en las campañas mediáticas.
Según una nota de prensa que publicó la oficina del congresista Mario Díaz-Balart, la normativa contempla 25 millones de dólares para los programas de «promoción de la democracia en Cuba». La suma representa un incremento del 25 % en relación con 2023.
Estos programas van destinados fundamentalmente a desarrollar acciones en Cuba y campañas políticas dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo en relación a Cuba. A través del Departamento de Estado, la NED y la USAID, financian a las organizaciones opositoras en Florida y otras partes y a sus partidarios en Cuba.
Una parte de ese financiamiento se utiliza para mantener la maquinaria mediática y las redes sociales que han ido fomentado, en los últimos diez años, con el objetivo expreso de impactar a la opinión pública cubana.
Con ese mismo propósito, la propuesta legislativa aprobada por la Cámara asigna 25 millones para el trabajo de 2024 de la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de Radio y TV Martí. Un incremento notable respecto a los 13 millones que le fueron aprobados en el anterior año fiscal.
Se reserva, además, un monto adicional no especificado al Fondo de Tecnología Abierta para promover tecnologías que fomenten “la libertad en Internet” en Cuba, un país que tiene hoy un por ciento de conectividad, superior al de la media mundial, pese a los obstáculos que el propio bloqueo impone a la adquisición de tecnologías que tengan un 10% de componentes estadounidense y al acceso de los informáticos y telecomunicadores cubanos a numerosos programas y aplicaciones .
En ese sentido, la normativa establece que 90 días después de la aprobación definitiva de la ley, el secretario de Estado y el director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (en consulta con el presidente del Fondo de Tecnología Abierta) deberán presentar a los Comités de Asignaciones los fondos y planes para implementar lo dispuesto con respecto a los programas de desarrollo de tecnologías de Internet.
El 6 de abril de 2023, la compañía Microsoft Corporation, con sede en Redmond, Washington, acordó remitir a la OFAC del Departamento del Tesoro 2 980 265.86 dólares y al Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Comercio otros 347 631 dólares, para varios programas de los Estados Unidos, incluido el de Cuba. El total sumó 3 327 896 dólares. Los comunicados de ambas agencias refirieron que la compañía incurrió en 1 339 violaciones relacionadas con la exportación de servicios o software a jurisdicciones “sancionadas”, como Irán, Siria y Ucrania/Rusia. 54 de esas aparentes violaciones correspondieron a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.
Cero divisas para emprendedores y la salud pública
“Trabajamos por el bienestar del pueblo cubano” es la frase más socorrida de los políticos y diplomáticos estadounidenses cuando intentan justificar su proceder con Cuba.
Se ha producido un tímido paso de la administración Biden, con intereses específicos y alcance limitado, como privilegiar con algunas facilidades al sector privado cubano, demasiado para la derecha anticubana y sus aliados en el Congreso.
La propuesta de ley -que deberá ir ahora al Senado-, contiene un pronunciamiento que prohíbe destinar los fondos disponibles para programas de «promoción de la democracia en Cuba» en temas vinculados con el impulso «empresarial, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia»
De acuerdo con la nota de prensa que emitió la oficina de Mario Díaz-Balart —quien promovió la inclusión de la medida punitiva—, la prohibición de utilizar fondos públicos del Gobierno estadounidense en la promoción del emprendimiento en Cuba es una «[restricción sólida] para evitar que la Administración Biden utilice fondos de democracia para fines no autorizados».
Por último, la resolución incluye sanciones contra los Gobiernos y funcionarios que contraten los servicios de médicos cubanos, en otro intento de privar a Cuba de divisas obtenidas legalmente por la exportación de servicios y cuyo destino principal es sostener al sistema de salud pública cubano, urgido hoy de medicamentos, equipos e insumos médicos.
La norma califica la contratación de galenos de la isla en el exterior de «tráfico y trabajo forzado» (coerced and trafficked labor) y establece, dice Díaz-Balart, “Instrucción clara sobre denegación de visas a gobiernos y organismos internacionales involucrados en el «tráfico» de médicos cubanos”
Fuente Cubainformación
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