Una hilera de efectivos policiales custodió el patíbulo de la Secretaría de Agricultura por el que varios trabajadores de esa cartera caminaron hasta dirigirse a la oficina en la que les notificaban sus despidos, sin auditoría ni causa alguna.
Según las primeras estimaciones internas, alrededor de 300 personas fueron afectadas por los recortes del gobierno de Javier Milei, en un contexto donde también se dieron renuncias como las del director de Agroecología Eduardo Cerdá, que acusó vaciamiento de su área.
“No nos escucharon y dieron de baja a la mayoría de los técnicos que estaban en la Dirección de Agroecología, la que vaciaron y disolvieron. Antes de presentar mi renuncia, pedimos varias audiencias a las autoridades de la Secretaría y nadie nos atendió”, dijo Cerdá.
A la semana de asumir el gobierno libertario, Agroecología había sido virtualmente desactivada. Por estas horas, los casi veinte trabajadores de esa área fueron despedidos.
En los pasillos de Agricultura, esto dispara interrogantes hacia el secretario Fernando Vilella, quien no solo no pudo imponer el rótulo de Bioeconomía a la Secretaría que lo tiene formalmente al frente, sino que tampoco pudo imprimir ese concepto en el funcionamiento de la cartera.
En las patas más robustas de la Mesa de Enlace y, sobre todo, en las rurales de la zona núcleo bonaerense, la retórica relativa a la agricultura sustentable y la Agenda 2030 que pregona Vilella nunca fueron digeridas.
No solo por eso en las entidades rurales no lo tienen como interlocutor para discutir los temas que afectan a la rentabilidad del sector. Ya desde la primera reunión con la Mesa de Enlace, la presencia de Santiago Caputo les dejó la visión de que Vilella no era el hombre con el que había que hablar de ciertas cosas.
Esa visión la refuerzan ahora con la intervención que hizo el gobierno de Milei del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, donde se designó a la dirigente del PRO de Salta Inés Liendo, quien consideró a la ecología como “un curro de la izquierda” en una de sus tantas envestidas contra los organismos de Derechos Humanos.
Nieta de Horacio Liendo, primer ministro de Trabajo de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar, la flamante interventora del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar tendrá como tarea el desguace de ese organismo sobre el que el vocero Manuel Adorni había anunciado su cierre semanas atrás.
Así, Liendo podrá “disponer las medidas tendientes a la racionalización de su planta de Personal, incluyendo la facultad de disponer cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones efectuadas en el marco de procesos de concursos de planta permanente e impulsar los procedimientos sumarios en caso de corresponder”.
En ATE Agricultura denunciaron que los despidos comenzaron la semana pasada “sin notificación oficial, de manera verbal o por una llamada telefónica”.
Buena parte de esos ceses lo hacen al amparo de la ley marco que dispone la no renovación de contratos que vencían el 31 de marzo, la mayoría de los cuales son de trabajadores que se desempeñaban hace varios años en la Secretaría.
“El gobierno nacional y sus funcionarios, dan muestra una vez más que su perversidad es de un nivel extraordinario”, agregan en ATE.
Un caso paradigmático es el de Gabriel Sunico, quien se desempeñaba desde hace más de 20 años en el área de prensa y comunicación de Agricultura.
“Esa es una de las cuestiones centrales por las que desmiento que se haya hecho una auditoría y que echen a los ñoquis. Ahí estuve 21 años atendiendo a los periodistas especializados en el agro”, dijo Sunico.
Tras pasar por 14 gestiones distintas, fue notificado verbalmente por el responsable del área y concurrió a la Secretaría para ser notificado.
Sunico es el único sostén de un hijo con discapacidad: “Todo eso está en mi legajo, ellos lo saben, pero no les importó”, dijo al detallar que fue notificado de su despido el día previo a la finalización del contrato, quedando sin indemnización a pesar de cumplir tareas allí durante 21 años.
“Hoy, le han puesto nombre y apellido a “la casta”, donde el parámetro principal para pertenecer es ser trabajador o trabajadora estatal”, apuntaron en ATE Agricultura, que exige la reincorporación de los cesanteados.
Fuente LaPolíticaOnline
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