5000 familias de escasos recursos, migrantes, desplazadas y víctimas del conflicto empezaron a ocupar un predio de 370 hectáreas ubicado en Caucasia, Antioquia, con el objetivo de tener una vivienda digna. Esperan que el Gobierno cumpla con el apoyo prometido
Se trata de la Hacienda Santa Helena, ubicada en una zona residencial a un lado de la troncal de Occidente, donde además hay un parque y un centro comercial. Este predio fue propiedad del narcotraficante Juan Gabriel Usuga Noreña, extraditado en 2001 a Estados Unidos.
Desde marzo comenzaron a llegar entre 100 y 200 familias, con la esperanza de tener un techo donde vivir.
La visita de Petro
Todo cambió cuando el presidente Petro pasó por la región. Las familias aprovecharon la visita del mandatario para hacer una movilización pacífica y llamar la atención del Presidente, quien al enterarse de la situación le dijo públicamente al alcalde:
“Háblese con los señores dueños de tierras, haciendas, latifundistas, no para que nos engañen. Ojo, a precio comercial y tierra fértil, nosotros estamos dispuestos a comprarles las haciendas”, dijo el presidente Petro.
Más adelante agregó: “Si hay un predio urbano o cerca de la ciudad, le pediría que organizara a las familias que se han tomado los terrenos para vivienda en una asociación de vivienda y el gobierno nacional va a ayudarles con la autoconstrucción, o sea, trabajando, para construir las viviendas en un barrio que pueda ser legal”.
Estas declaraciones provocaron la movilización de muchas más familias que ocuparon el lote, hasta el punto que hoy se encuentran más de 5000 familias que han instalado pequeños “cambuches” en lotes de 6 por 12, en donde permanecen sin agua, electricidad ni alcantarillado mientras cocinan en leña dos veces al día para dos o tres familias.
Han establecido una calle principal con calles alternas, hay zonas comunes, pequeños negocios de comida y zonas comunes donde los niños juegan.
Lío jurídico del predio
El problema que tiene el Gobierno para poder cumplir a estas familias es que el predio no está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como se creía en un principio, ya que en medio de argucias jurídicas, el narcotraficante entregó el predio a la Sociedad Finca Santa Helena S.A., que encabeza Army Judith Escandón.
Escandón arrendó en 2020 el predio a Farid Segundo Vélez Henao, señalado de ser testaferros de narcotraficantes que buscan proteger sus bienes y negociaron con la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y Ana Catalina Noguera, que presuntamente los favorecía en medio de una red de corrupción. Hasta ahora, el predio sigue arrendado al señor Vélez.
Aunque Usuga y Escandón interpusieron querellas para desalojar a los ocupantes, la SAE reaccionó y desautorizó cualquier intento violento para desalojar a las familias.
“El director de la SAE, Daniel Rojas, desautorizó la querella que puso una depositaria y que algunas autoridades quieren aprovechar para desalojar por la fuerza y sin garantías de la finca Santa Helena, en Caucasia, Antioquía. Ya solicitamos formalmente a las autoridades locales, suspender cualquier acción al respecto. En este gobierno no se utiliza la fuerza con el pueblo”, dijo la SAE en su cuenta en X.
La SAE propone otra alternativa
La entidad abrió mesas de diálogo con la comunidad y les planteó la salida de reubicarlos en otros lotes distintos a Santa Helena que no cumplen con las mismas condiciones y expectativas.
Son siete lotes dispersos, en donde los más grandes con más de 500 hectáreas no se encuentran en Caucasia, sino en zona rural de municipios cercanos como Ayapel y Cáceres, mientras que los que están en Caucasia no llegan al 0.5% del tamaño de la finca ocupada. Por lo cual, la situación no ha sido resuelta.
Las contradicciones del gobierno con la recuperación de tierras
No es el primer caso en que comunidades empobrecidas y víctimas del conflicto emprenden acciones de recuperación de tierras cansadas de trabas y tiempos burocráticos que han impedido que se materialicen los cambios que quiere el Gobierno en esta materia.
En septiembre pasado, comunidades campesinas amparados en legislaciones como la Reforma Rural Integral ocuparon la hacienda El Toro en Codazzi, Cesar y fueron recibidas con violencia por la fuerza pública y paramilitares.
Frente a esto, las declaraciones de la Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, resultaron lamentables para las comunidades.
“No se pueden admitir vías de hecho. Una cosa es organización campesina y otra muy distinta es promover invasiones”, dijo la ministra Mojica.
Del mismo modo, la Agencia Nacional de Tierras dijo: “Deben desalojar el predio y solo una vez desalojado, se instalará la mesa”.
Experiencias internacionales de ocupación de tierras
En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) ocupó la Hacienda Globo Suina, ubicada en el municipio de Agudos, cerca de Bauru, en São Paulo, con el objetivo de exigir que las tierras públicas se usen para crear viviendas para familias que llevan años acampando en el lugar.
Este movimiento, compuesto por miles de personas, persigue tres objetivos: La Tierra, La Reforma Agraria y la Transformación de la Sociedad. Uno de sus métodos principales es la ocupación de tierras.
Antes o durante la ocupación de una zona, el MST organiza campamentos de familias sin tierra. A partir de este momento, las familias participan en la organización del futuro campamento y buscan formas de conseguir lonas para las carpas, transporte para que las familias lleven a cabo las ocupaciones, entre otros.
Una vez instalado el campamento, las comunidades desarrollan la organización política y comunitaria bajo la democracia directa. De igual forma, distribuyen las tareas como buscar agua y leña, organizar las donaciones de alimentos, montar las carpas, encargarse de la seguridad, educar a las niñas y niños, etc.
Las ocupaciones se convierten en conquistas cuando, después de varios años, los terrenos son legalizados y entonces surgen nuevas demandas para las comunidades que tienen que ver con acceso a servicios y derechos como salud y educación.
Fuente Colombia Informa
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