La red fue desmantelada en una operación conjunta entre el órgano persecutor la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y el Departamento de inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró la imposición de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a varios de los miembros de una red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos en la zona sur del país.
El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Barahona, que preside la jueza María Consuelo Valenzuela Pérez, impuso la prisión preventiva contra Divisay Altagracia Amparo de Vásquez, José Alfredo de los Santos Gómez y a los ciudadanos haitianos Pablo Selmo de la Cruz y/o Félix Pie y Yonel Raphael, asimismo impuso a los imputados Modesto Ogando Alcántara y Nicauri Liselot Bone, garantía económica y presentación periódica.
El tribunal también acogió la declaratoria de complejidad del proceso, como lo solicitó el Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal titular de Barahona, Wellington Matos, así como también por la fiscal Esther María González, adscrita a la Junta Central Electoral.
En la audiencia también estuvieron en representación de la Junta Central Electoral, el consultor jurídico Dennys Diaz Mordan y el subconsultor Juan Cáceres.
Ante el tribunal, el órgano persecutor del delito demostró el riesgo que constituye para el proceso la imposición de otra medida que no sea la prisión preventiva, como medida de coerción.
En el expediente presentado por el Ministerio Público le imputa a los miembros de esta red la violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 145, 147, 148, 150, 151 del Código Penal Dominicano, así como también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas y los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales.
Esta red fue desmantelada por la labor conjunta del Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral, la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y el Departamento de inteligencia Sensitiva (DIS) de la Policía Nacional.
Esta estructura de asociación de malhechores, que operaba en la zona sur de la República Dominicana, con su sede en la ciudad de Barahona, se dedicaba a realizar la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación publica con alcance trasnacional para materializar sus actividades ilícitas, afiliando sus acciones con el lavado de activos, en perjuicio de sus víctimas y del Estado dominicano.
La red era encabezada por Pablo Selmo de La Cruz, Modesto Ogando y Yonel Raphael, quienes trabajan en asociación con los nombrados José Alfredo de los Santos Gómez, Divisay Altagracia Amparo de Vásquez y Nicauri Licelot Bone, quienes operan en los laboratorios de falsificación de documentos, además utilizaban los servicios de Amauris Jesús Figuereo, Aquilino Alcántara, Cesar Augusto Feliz Reyes, Ismael Josue Gaurdaramos, para lograr su cometido de conseguir documentación falsificada a nacionales extranjeros, específicamente haitianos.
La investigación al respecto inició con el arresto de tres extranjeros ilegales, quienes tenían en su poder documentos falsos, los cuales afirmaron recibieron de Selmo y/o Felix Pie, quien indicaron les facilitaba la identidad bajo el argumento que eran documentos legales y a cambio del pago de sumas que oscilan entre setenta mil pesos (RD$70 000) y cien mil pesos (RD$100 000).
En sus métodos de operación, utilizaban una furgoneta que se trasladaba a Barahona, específicamente a la comunidad de Enriquillo, donde reclutaban extranjeros ilegales para dotarlos de documentos falsos.
Luego de recibir esta información, el Ministerio Publico inició una investigación, con la finalidad de desmantelar esta estructura criminal, para lo cual requirió una autorización de agentes encubiertos NO. 589-01-2024-AJ-00901, misma que fue emitida por la Jueza de la Instrucción, María Consuelo Valenzuela Pérez, de fecha 12 de marzo del 2024, para identificar los lugares donde funcionaban los laboratorios para realizar la falsificación de los documentos públicos y privados que estaban afectando a la Junta Central Electoral y otras instituciones del Estado dominicano, así como también, quienes conformaban dicha estructura delictiva.
Durante los allanamientos y arrestos de los implicados, se ocuparon en su poder máquinas para la confección de cedulas, cientos de plásticos de cedulas falsas y/o alterados, carnet del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional, hojas timbradas de la JCE, plásticos, tiner, así como una gran cantidad de actas de nacimiento alteradas.
Para materializar estos hechos utilizaban centros de copiados y fotográficos, ubicados en la calle Respaldo Progreso, sector Los Palmares, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, así como un laboratorio en un edificio de pensión ubicado en la calle Altagracia esquina Benito González del Distrito Nacional, un edificio de cuatro niveles y una casa familiar ubicada en la San Vicente de Paul, esquina Calle Primera, donde funcionaba el laboratorio de actas, apostillas falsas, y correcciones administrativas falsas.
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