Crónica de un abuso colosal:
Por Rafael Polanco
(Periodista y politólogo)
(Permítame otra vez escribir en primera persona)
Juro que no sabía el calvario en el que me estaba metiendo, cuando en 1983, a mis 30 años de edad, se me ocurrió solicitar un apartamento al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), entonces dirigido por el ingeniero Pedro Bonilla Mejía, con el fin de acomodar a mis padres, Luis Polanco Monta e Irene Dolores Peralta de Polanco, y mi abuela materna, Carolina Peralta, que residía junto a ellos, decisión con la que buscaba ponerle fin a la odisea que vivían, por carecer de una vivienda propia.
El mudarse de un lugar a otro es la situación que viven muchos ciudadanos, cada vez que el propietario de la casa que ocupan, en calidad de inquilinos, se les ocurre pedirla, casi siempre con el pretexto de mudarse a la misma y luego terminan alquilando a otros, a un precio más alto.
Mi solicitud de hace 39 años al INVI, fue canalizada a través del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), la cual obtuvo respuesta positiva, el 25 de abril de ese año (1983), cuando recibí un telegrama, firmado por el ingeniero Bonilla Mejía, donde me invitaba a pasar por esa institución a depositar los documentos requeridos para ser beneficiario de la adjudicación de un apartamento construido por el Estado Dominicano.
Finalmente, los más de 7 mil apartamentos que inició el INVI en la gestión del entonces presidente Salvador Jorge Blanco no fueron terminados y, en 1986, al final de ese gobierno, se decidió entregar sus títulos a los ciudadanos que habíamos pagado sus iniciales.
Al retornar el doctor Joaquín Balaguer Ricardo al poder, en 1986, los apartamentos fueron terminándose por etapas y, en 1996, cuando llegó al gobierno el doctor Leonel Fernández Reyna, hizo lo propio, siguió terminando el proyecto de manera paulatina.
En nuestro caso, nos fue entregado el título de nuestra vivienda, en julio de 1986, correspondiente al apartamento 1-C, de la manzana 4698, edificio 18, el cual fue terminado y entregado en julio de 2000, en la transición entre el gobierno de Fernández Reyna y el que venía, que encabezaría el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez.
Para nuestra sorpresa, el entonces encargado de proyectos sociales del INVI, señor José Rivas García, en franca prevaricación, se apropió de nuestro apartamento y desde el año 2000 llevamos 22 años en una odisea legal, que nos llevó al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Constitucional, sin que hasta el momento hayamos podido disfrutar nuestra vivienda, adquirida sin privilegio alguno, haciendo los sacrificios que esa acción conlleva.
En el trajín, ya sepulté a mis padres y a mi abuela y mis años de juventud se quedaron atrás, pues en febrero próximo cumpliré 70 años de edad, pero me queda brío y decisión para seguir luchando por lo que es de nuestra familia, esperando que este gobierno o el que venga cumpla la sentencia TC-0428-18, que le ordena al INVI, ahora Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, entregarnos nuestro apartamento, decisión que ha sido desacatada por las pasadas y actuales autoridades gubernamentales.
Mi esposa, Aida Mercedes Fernández de Polanco y yo, no nos vamos a rendir y seguiremos tratando de que se cumpla el fallo del TC y el mandato del artículo 51 de nuestra Constitución, que dispone que el Estado garantizará a los propietarios titulados, como es nuestro caso, el disfrute de sus bienes, garantía que nos ha sido vulnerada.
Esperamos que las autoridades del gobierno, del ahora Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y el comandante general de la Armada Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, encuentren en camino de sacar de nuestro apartamento al coronel de la Armada Jeffrey Rocha, quien ocupa la vivienda, a sabiendas de que tiene dueños que gestionan su recuperación y, que hasta donde tenemos entendido será premiado con otro apartamento, pese a ocupar el nuestro de manera ilegal.
Iniciando este año, escribí un primer desahogo, en el que anuncié que, mi familia y yo pondríamos el caso en manos de la Defensoría del Pueblo y de titular, doctor Pablo Enrique Ulloa, así lo hicimos y nos consta que esa entidad ha hecho gestiones para que se cumpla la sentencia del TC, sin resultados por el momento, pero seguiremos esperando. No nos vamos a cansar de reclamar lo que es nuestro y con Milly Quezada decimos: “lo mío es mío y nadie me lo quita”.
Nuestros 4 hijos y 10 nietos tienen derecho a disfrutar de este que se considera un bien familiar. Carajo, señores del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, ya basta su burla y póngale fin a esta odisea. Ejecuten lo que hasta ahora se ha quedado en mera intención de entregarnos lo que ustedes reconocen que es nuestro.
Cada vez que observamos al presidente Luis Abinader Corona entregar casas construidas por el Estado y decir que su gobierno seguirá dotando a los ciudadanos de una vivienda digna, nos alegramos por los beneficiarios, pero también pienso, si esto que comento pasa conmigo que tengo 50 años de ejercicio del periodismo y cerca de 40 años de servicio al Estado, a través de numerosas instituciones, que no será con otras personas.
Pero además, mi familia y yo nos preguntamos ¿y es que nosotros no tenemos igual derecho?, pues hemos visto pasar 6 gobiernos, Jorge Blanco, Balaguer Ricardo, Fernández Reyna, Mejía Domínguez, Leonel otra vez, Danilo Medina Sánchez y con Abinader Corona ya contamos el séptimo y de nuevo nos preguntamos ¿es que no tenemos derechos? ¿hasta dónde llegará nuestro calvario?
La espera es larga y angustiosa, además de costosa, porque para todos los asuntos legales se necesitan abogados, pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
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