El aspirante a la secretaría general del partido Fuerza del Pueblo Dionis Sánchez consideró que la recién creada Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, que dispuso el presidente Luis Abinader demuestra el fracaso del gobierno del PRM en la lucha contra la corrupción y por la transparencia.
El ex senador señaló que la plataforma de transparencia de la que tanto se habla en este gobierno no ha pasado de ser un simple discurso, porque en cada uno de los escándalos de corrupción que se han denunciado, lo han declarado como: “casos subsanables”.
Agregó que Abinader con la emisión del decreto 76 – 25, que crea el citado organismo evidencia que ignora que el marco adecuado para garantizar la transparencia en la administración pública es la Constitución del 2010, y el conjunto de leyes adicionales promovidas por el ex presidente Leonel Fernández durante sus tres periodos de gobierno.
El también miembro dirección Política de la Fuerza del Pueblo recordó que fue el presidente del partido Fuerza del Pueblo quien creó el marco institucional necesario para fortalecer la transparencia en el manejo de los fondos públicos, y endurecer la lucha contra la corrupción, como ha quedado demostrado, porque de ahí se derivan todos los controles modernos para el manejo de los recursos públicos, y la herramienta que se utiliza en los casos que se están ventilando en los tribunales de la república.
Recordó que fue Leonel Fernández quien consolidó el marco legal, institucional y operativo de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, para que puedan actuar con efectividad en la labor de escrutar el manejo de los fondos públicos.
“Creó el Departamento de Prevención de la Corrupción, la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado; Dirección General de Ética y Transparencia, nueva ley sobre tesorería, y un mayor control en las nóminas públicas”, expresó el dirigente político.
Agregó que además se votó la Ley No. 41-08 de Función Pública, que crea la Secretaría de Administración Pública y la Ley de Libre Acceso a la Información Pública
Citó como ejemplo que la Carta Magna en el artículo 128, acápite uno, númeral D, establece: “El monto máximo para que los contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de 200 salarios mínimos del sector público”.
Sánchez destacó que no hay una garantía más segura para la transparencia y la lucha contra la corrupción que la real autonomía del poder judicial y el Ministerio Público, que promovió Fernández en la Constitución del 2010.
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