Hato Mayor, RD.– Al demostrar con diferentes pruebas la culpabilidad de un hombre en el tráfico de drogas, el Ministerio Público de este distrito judicial logró que un tribunal lo condenara a 8 años de prisión.
La sentencia fue dictada en contra de Manauri Disla Salomé por el Tribunal Colegiado de Hato Mayor que lo declaró culpable de tráfico de sustancias controladas en perjuicio del Estado dominicano, representado en la audiencia por el fiscal Daniel Robles Nivar.
Disla Salomé, por disposición del tribunal, cumplirá cuatro años en prisión y cuatro con la suspensión de la pena bajo reglas, además de que deberá pagar una multa de cincuenta mil pesos.
Según el expediente acusatorio, Disla Salomé fue apresado en su vivienda en fecha 23 del mes de mayo del año 2023, alrededor de las 6:30 de la mañana, luego de que se ejecutara una autorización judicial de allanamiento en su vivienda en el municipio Sabana de la Mar, donde fueron ocupadas distintas sustancias controladas, un arma de fuego, tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, así como balanzas digitales, teléfonos celulares y una pasola de color negro, marca T-REX, modelo PGO, la cual al ser requisada se ocupó una porción de marihuana en el cajón del asiento.
Las sustancias controladas ocupadas fueron embaladas y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis y determinar el tipo y peso, ante lo cual se estableció que 268 porciones correspondían a cocaína clorhidratada, con un peso de 250 gramos; 312 porciones a cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 335 gramos, y 1,617 porciones de crack, con un peso total de 710 gramos.
El tribunal, integrado por los jueces María Del Carmen García, Haissel Uribe y Francisco Arias, además ordenó el decomiso de la pasola y el arma de fuego, así como el dinero y todas las evidencias materiales incautadas.
El acusado Manauri Disla Salomé fue declarado culpable de tráfico de sustancias controladas en violación a los artículos 4-D, 5-A, 6-A, 75, párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas (modificado por la Ley 17-95); artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La sentencia será cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
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