El presidente de EEUU prometió en campaña deportar a cerca de doce millones de personas
El único éxito incuestionable desde que Trump regresara a la Casa Blanca es la reducción de la llegada de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos a través de su frontera con México.
La disminución es del 90% y, en la práctica, ha dejado de ser habitual e incluso probable conseguir entrar sin documentos en el país.
Son muchas las razones para que así haya ocurrido. Pero la primera es el reforzamiento de la vigilancia en la frontera y la segunda que todos los potenciales inmigrantes han entendido que ya no es fácil, como hasta hace un par de meses, entrar y quedarse en Estados Unidos.
En lo que, sin embargo, la administración Trump está teniendo menos éxito del esperado es en deportar a los indocumentados que ya están dentro.
Se trata de alrededor de doce millones de personas que Trump prometió en su campaña electoral deportar rápidamente.
Son también múltiples las razones que explican que no haya ocurrido -y que sea improbable que ocurra al menos a corto plazo.
Una primera razón es que los indocumentados, pese a limitación evidente de sus derechos, sí conservan en los Estados Unidos el derecho esencial a que su posible deportación sea procedente a derecho y eso en la inmensísima mayor parte de los casos retrasa el proceso. Es cierto que ha habido numerosos casos en que la administración Trump ha querido acelerarlo y reducir incluso a cero los procedimientos formales. Pero los tribunales han intervenido y, en casi todas las circunstancias, limitado la acción ejecutiva.
Una segunda razón, es que las deportaciones son logísticamente complicadas, susceptibles de errores, proclives a situaciones dramáticas difíciles de explicar y, también, que la mayor parte de los indocumentados llevan vidas en todo punto normales -excepto la ausencia de documentación para residir en el país.
Pero hay otra tercera razón y es que deportar inmigrantes es terriblemente oneroso. El propio gobierno calcula en más 17.000 dólares el coste medio de una deportación -que incluye el arresto, detención y traslado.
Una consecuencia mayúscula de este coste ha sido el paso atrás de la administración Trump en acoger a miles de inmigrantes indocumentados en Guantánamo. El simple cálculo de que hace falta de media 1 soldado por cada 3 inmigrantes ilustró lo absurdo del coste.
Así visto, tiene todo el sentido del mundo que la Casa Blanca haya recurrido a la más pactada y “amistosa” de las formas de deportación que es la de ofrecer una compensación económica al deportado que acepte voluntariamente irse.
El plan es ofrecerles 1.000 dólares a recibir después de ser deportados y abonarles también el coste del trayecto aéreo. La administración Trump se ahorraría así miles de dólares -el problema es que la oferta es tan poco atractiva económicamente que solo consta que 1 único inmigrante hondureño la haya aceptado.
España mismo, por ejemplo, tiene un programa de deportación voluntaria que ofrece 4 veces más a los inmigrantes indocumentados.
Pero el paso dado por la administración Trump es un reconocimiento de que su intento inicial de deportar rápidamente a la inmensa mayoría de indocumentados no va camino de tener el éxito que esperaba.
En lo que va de año han deportado a 140.000 inmigrantes indocumentados. A este ritmo apenas deportarían a la sexta parte de indocumentados -pero con un coste no solo económico sino también social y político cada vez mayor.
Han concluido que sería mejor usar también un procedimiento menos traumático.
Fuente: Atena 3
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