Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1,000 camas ubicada a lo largo de una franja industrial de Newark Bay, comenzó a funcionar el 1 de mayo
El gobierno del presidente Donald Trump amplió su capacidad para detener a inmigrantes que no están legalmente en Estados Unidos al abrir este mes unas instalaciones en la ciudad más grande de Nueva Jersey, ante lo cual se desataron protestas frente al edificio cercado, a las que acudió el alcalde de Newark, Ras Baraka.
Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1,000 camas ubicada a lo largo de una franja industrial de Newark Bay, comenzó a funcionar el 1 de mayo, según la empresa privada de prisiones que opera el centro. El gobierno hizo el anuncio en medio de una represión a la inmigración en todo el país que ha acaparado los titulares noticiosos, y mientras intensifica sus iniciativas para deportar a ciertos inmigrantes.
- La pugna se desarrolla en Newark y en un tribunal federal mientras el alcalde litiga contra la compañía que administra la instalación. La ciudad dice que aún no debería estar abierta debido a que tiene problemas con los permisos de construcción. El conflicto subraya la división entre lo que Trump considera un mandato electoral para deportar a personas que no están legalmente en Estados Unidos, y funcionarios demócratas que cuestionan los métodos aplicados por el gobierno, y también la necesidad de aplicar medidas enérgicas para controlar la inmigración.
A continuación presentamos un vistazo más de cerca a lo que está sucediendo en ese centro de detención en Newark.
¿Qué es el Delaney Hall y por qué aparece en las noticias?
El edificio gris de dos pisos, ubicado junto a una prisión del condado, era un centro de reinserción social antes de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunciara en febrero que esa agencia y el Grupo GEO —que administra el Delaney Hall— habían alcanzado un acuerdo de 1,000 millones de dólares por 15 años para establecer un centro de detención allí.
La creación de las nuevas instalaciones provocó el rechazo de grupos defensores de los inmigrantes y del alcalde en particular. Baraka demandó al Grupo GEO poco después de que se anunciara el acuerdo entre la empresa y el ICE. El caso fue transferido de un tribunal estatal a uno federal, donde un juez está sopesando la solicitud de la ciudad de bloquear temporalmente la apertura del centro.
Fuente DIARIO LIBRE
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