Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por: Becker Márquez Bautista
En la República Dominicana, la percepción de que el tráfico de influencias y los conflictos de interés operan con impunidad es una constante que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Desde el controversial reparto de pensiones solidarias que se agudizó en 2004, pasando por periodos donde la doble designación y el nepotismo se legalizaron o fortalecieron, el patrón parece persistir, dejando una amarga sensación de que «no pasa nada» ante las irregularidades.
La crisis de las pensiones solidarias, que inició un desorden administrativo significativo en 2004, ha encontrado un eco preocupante en la actual administración. En el gobierno actual, desde 2022, se han pensionado a personas que, según se denuncia, no han realizado ninguna contribución laboral que justifique tal beneficio. Este reparto, que parece ignorar la figura de un «doliente» de los recursos públicos, no solo representa un drenaje de los mismos, sino que también envía un mensaje desalentador sobre la meritocracia y la justicia social.
La llegada del presidente Luis Abinader al poder trajo consigo la esperanza de una gestión más transparente, pero pronto surgieron cuestionamientos por la doble designación de funcionarios. Esta práctica, que viola abiertamente la Ley de Función Pública y la propia Constitución dominicana, implica que una misma persona ocupe dos cargos públicos simultáneamente, a menudo con la percepción de duplicidad de sueldos y privilegios. Esta situación, lejos de ser un incidente aislado, se ha convertido en una preocupación recurrente que contraviene los principios de eficiencia y probidad.
De manera aún más alarmante, si el gobierno del expresidente Danilo Medina fue señalado por haber «legalizado» o normalizado el nepotismo, la administración actual parece haberlo «fortalecido de una forma irrespetuosa». El nepotismo, la designación de familiares y allegados en puestos de la administración pública sin la debida consideración de sus méritos o capacidades, es una afrenta directa a la igualdad de oportunidades y a la profesionalización del servicio público. Cuando las esferas del poder se convierten en un círculo cerrado de favoritismo, se desvirtúa la esencia de la función pública y se fomenta una cultura de amiguismo por encima del talento.
Esta sucesión de eventos, donde el tráfico de influencias (utilizar la posición para obtener ventajas personales o para terceros), los conflictos de interés (situaciones donde los intereses privados de un funcionario pueden influir en sus decisiones públicas) y el nepotismo parecen operar con relativa impunidad, genera una profunda desconfianza. La constante repetición de estas prácticas, sumada a la ausencia de consecuencias tangibles para los responsables, alimenta la percepción de que las leyes y normativas existen solo en el papel, pero no se aplican con rigor.
Es imperativo que la República Dominicana aborde de frente estas problemáticas. La credibilidad de las instituciones democráticas depende de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley por igual a todos sus ciudadanos, independientemente de su posición política o social. Solo a través de una férrea voluntad política para combatir estas irregularidades, una aplicación estricta de las leyes existentes y la promoción de una cultura de ética y transparencia, se podrá restaurar la fe en que, en el país, las acciones indebidas sí tienen consecuencias.
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