Esperanza, Valverde – Un torrente de gratitud y esperanza fluye desde los sectores agrícolas, sociales y políticos de Esperanza hacia el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y su director el Ing. Guillermo Garcia, asi como a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de Mao, tras su crucial intervención para que en la parcela número 17 del Distrito Catastral número 8 ubicada a orillas del canal Ulises Francisco Espaillat.
La solicitud de aplicación de la Ley de Cuota Parte, impulsada por estas entidades, ha encendido una luz de esperanza para decenas de agricultores que, tras más de tres décadas de posesión legal de sus tierras, se enfrentan a una amenaza inminente de desalojo hecho por particulares mediante procesos fraudulentos.
La parcela, que ha sido el sustento de numerosas familias de Esperanza desde que el IAD les otorgó la posesión, se ha convertido en el blanco de individuos particulares que, mediante procesos judiciales cuestionables y sin haber puesto un pie en las tierras, intentan arrebatar lo que con tanto esfuerzo han construido los agricultores.
Estos intentos de despojo, calificados de fraudulentos por la comunidad, han generado una gran preocupación y angustia en la zona. En este contexto, la intervención del IAD y del PRM de Mao ha sido recibida con júbilo. La solicitud de aplicación de la Ley de Cuota Parte, un mecanismo legal clave para proteger los derechos de los poseedores, es vista como un paso fundamental para frenar los intentos de desalojo y garantizar la seguridad jurídica de los agricultores.
La comunidad de Esperanza también ha extendido su agradecimiento al Lic. Jhonny Aristy, director jurídico del IAD, por su diligente atención a sus llamados y por iniciar el proceso que devolverá la tranquilidad a estas familias.
En un llamado a la solidaridad y la justicia, los sectores representativos de Esperanza han elevado su voz al presidente Luis Abinader. En su solicitud, instan al mandatario a evitar que personas sin escrúpulos, amparadas en su poder económico, abusen y perjudiquen a los más necesitados.
La comunidad espera que esta intervención presidencial garantice que la justicia prevalezca y que los agricultores de Esperanza puedan seguir cultivando sus tierras con la seguridad que merecen.
El pasado miércoles 28 de junio se conoció la primera audiencia en el Juzgado de Paz de Esperanza, la cual fue aplazada para el próximo mes de junio donde quedarán garantizados los derechos de los hombres y mujeres que se sustentan de la reducción de las labores agrícolas, oficio al que se dedican por más de 30 años.
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