El enfrentamiento judicial entre la Administración del presidente de EE UU, Donald Trump y el gobernador demócrata Gavin Newsom sobre el despliegue de 4.000 reservistas de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles vivió este jueves un vuelco con dos decisiones contrapuestas en pocas horas.
En pleno pulso entre la Casa Blanca y el estado de California, un tribunal de apelaciones ha permitido temporalmente que el presidente siga controlando las tropas federales desplegadas en la ciudad, enmarañando aún más el conflicto legal sobre el uso de militares en suelo estatal para frenar las protestas migratorias en el estado.
En la tarde del jueves, el juez de distrito Charles Breyer, designado por Bill Clinton, falló a favor de Sacramento. Breyer concluyó que el presidente había excedido su autoridad bajo el Título 10 del Código de los Estados Unidos y violado la Décima Enmienda, que reserva a los estados el control de sus fuerzas de seguridad. Según el magistrado, Trump no podía federalizar la Guardia Nacional sin la solicitud previa del gobernador. El juez calificó la movilización como una “usurpación de poder” y ordenó devolver el mando de las tropas a Newsom a partir del viernes al mediodía, argumentando que los disturbios en Los Ángeles no constituían una “rebelión” ni un “peligro de rebelión” que justificara tal intervención militar.
Tras conocerse el auto de Breyer, el Departamento de Justicia acudió de inmediato al Noveno Circuito de Apelaciones, históricamente más favorable al Ejecutivo, y solicitó una orden de emergencia para mantener la federalización. Un panel de tres jueces —dos nombrados por Trump y uno por Biden— aceptó la petición y emitió una suspensión cautelar de la decisión de Breyer, permitiendo que Trump continuara al mando de la Guardia Nacional mientras se dirime el fondo del recurso. La corte fijó una vista para el martes próximo, aplazando cualquier cambio efectivo en la cadena de mando.
Por su parte, California y el juez Breyer se basaron en la Décima Enmienda y en la Ley Posse Comitatus, que restringe el uso de tropas federales en funciones de seguridad civil sin la autorización estatal. Breyer advirtió que redefinir “rebelión” como cualquier protesta violenta convertiría al presidente en “un monarca” capaz de militarizar las calles a su antojo.
El martes, la corte de apelaciones oirá los argumentos de fondo. Si confirma la suspensión cautelar, Trump mantendrá el mando hasta que concluya el litigio, un proceso que podría durar meses. Si, por el contrario, se alinea con el juez de distrito, las tropas volverían bajo autoridad de Newsom y se abriría una nueva fase de negociaciones políticas y legales.
Hasta entonces, California mantendrá tropas militares en el centro de Los Ángeles, y Trump podrá seguir defendiendo el despliegue como una «herramienta necesaria» para mantener el orden ante las protestas migratorias.
Fuente MUNDIARIO
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