Varias asociaciones de jueces y fiscales acuerdan ir a la huelga si el Gobierno no da marcha atrás en las reformas en Justicia anunciadas por el ministro Félix Bolaños
Los jueces y fiscales convocan tres días de huelga en julio. Las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, secundan el paro para el próximo mes como protesta por las reformas anunciadas en materia de justicia por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La huelga de jueves y fiscales será los días 1, 2 y 3 de julio y también convocan una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo si el Gobierno de Pedro Sánchez no da marcha atrás en las reformas anunciadas sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.
En concreto, la huelga está apoyada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
«La independencia judicial está bajo amenaza»
Alrededor del 70% de jueces y fiscales secundaron el paro de 10 minutos del 11 de junio en las sedes judiciales de todo el país para reclamar la retirada de las medidas. Como consecuencia, las cinco convocantes acordaron iniciar un proceso de consulta a sus bases con el fin de «valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal», y que se ha saldado con un amplio apoyo.
En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio advertía de que la «independencia judicial está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas«. «No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente», explicaron según recoge ‘Europa Press’.
Los togados también están en contra de aumentar las competencias del fiscal general del Estado y creen que aumentará «el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».
Las asociaciones firmantes lamentan además los continuos «ataques» al Poder Judicial «con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales».
Fuente: Antena 3
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