Danilo Cruz Pichardo
El Gobierno dominicano sacó exitosamente provecho de las operaciones fraudulentas de Wilkin García Peguero (alias Mantequilla) al lograr que el tema se mantenga sobre el tapete durante siete semanas y la gente excluya de la agenda de opinión los principales problemas de corrupción pública del pasado y del presente.
El famoso Mantequilla estafó a muchos residentes de Sabana Grande de Boyá, aprovechándose de su ignorancia y pobre escolaridad, bajo la promesa de multiplicarles el dinero recibido. Las operaciones de este personaje provocaron escándalo en todo el país y también en las comunidades de dominicanos en el exterior, generando tiktoks y bromas de todos los tamaños.
García Peguero podría recibir pena judicial hasta de dos años de cárcel por la comisión del delito de estafa. Eso es correcto, una sanción para evitar que se repitan engaños similares en el futuro.
Pero muchos se preguntan: ¿Cómo es posible que la justicia le dé prioridad a Mantequilla mientras los grandes ladrones del PLD están todos sueltos? ¿Cómo es posible que la justicia dominicana aprese rápidamente a Mantequilla mientras a Roberto Fulcar le atribuyen gastar 10 mil millones de pesos en leche escolar en medio de la pandemia? ¿Quién diablos se bebió toda esa leche, si no había clase presencial?
Posiblemente el Principio de Presunción de Inocencia impide que Fulcar esté preso, porque el Ministerio Público requiere una auditoría de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del jefe de campaña de Abinader en los pasados comicios de 2020. De todas maneras, solo la politiquería y el encubrimiento ofrecen espacios para que Fulcar sea designado ministro sin cartera, con oficina en Palacio y ganando 300 mil pesos mensuales.
Otro tema que ha estado sobre el candelero público es el haitiano, dado el estado de ingobernabilidad, el poder de las pandillas y el llamado del primer ministro de ayuda militar a Estados Unidos.
Y el excesivo paso de nacionales de esa vecina nación hacia territorio dominicano cada vez provoca mayor preocupación entre los dominicanos. Especialistas de la problemática haitiana estiman que nuestro país no puede seguir cargando, en término económico, con más de un millón de ciudadanos de ese país.
Solo en salud –y particularmente en las haitianas parturientas– se invierte, del presupuesto de la nación, una significativa partida que podría destinarse a mejorar servicios que se ofrecen a los dominicanos.
El Gobierno inició un muro, con la supuesta finalidad de reducir el éxodo de habitantes de la parte occidental de la isla hacia este lado, pero se construye a pasos de tortuga y por momentos prolongados la obra se detiene, producto de la presión internacional y del propio empresariado dominicano, principal empleador de manos de obra haitiana.
Es cierto que Haití es nuestro segundo socio comercial y ese negocio no solo es necesario mantenerlo sino incrementarlo, porque contribuye a una balanza comercial favorable. En nuestro país hay empresas que toda su producción es vendida al mercado haitiano. Un ejemplo es Cementos Santo Domingo, S. A, propiedad del presidente de la República, que no se expende en las ferreterías dominicanas, debido a que toda su producción es comprada por empresarios del vecino país.
Sin embargo, por el hecho de que los empresarios nuestros se beneficien con la mano de obra barata de haitianos y con su comercio, la población dominicana no debe perjudicarse, porque para nada se aplica la Ley 285-04, que faculta al Estado dominicano, a través de la Dirección Nacional de Migración, a sacar del territorio nacional a todo extranjero que se encuentre de forma ilegal.
Con el muro que se empezó y no se termina adrede y con anuncios diarios del Gobierno que no se llevan a la práctica, se pretende entretener a la población y algunos, erróneamente, han llegado al extremo de calificar al jefe de Estado de nacionalista. Los anuncios no pasan de ser anuncios. Son simplemente mecanismos de entretenimiento a la población, con miras al certamen electoral de 2024.
Mientras la población la entretiene con el tema haitiano, que no deja de tener gravedad, a diario ocurren actos de corrupción pública espeluznantes y concesión de privilegios irritantes a la oligarquía nacional.
La inversión gubernamental en el capítulo publicidad es de miles de millones de pesos, abarcando a todos los medios tradicionales y a las distintas redes sociales. En el marco de esa excesiva inversión se asumen como propias todas las bocinas del pasado gobierno peledeísta más otras tantas que se han sumado a la promoción reeleccionista. Desde Palacio se baja línea cada día a las bocinas sobre los temas a debatir.
Y cada semana se divulga una, dos y hasta tres encuestas falsas, donde el presidente de la República aparece con números inclusive superiores al 60%.
Y para continuar engañando a la población el Gobierno ha logrado concretar un acuerdo con empresarios de medios de comunicación para que no publiquen resultados de firmas encuestadoras creíbles, entiéndase Greenberg, Hámilton, Mark Penn Stagwell y Gallup Dominicana. ¿Quién ha visto estudios de opinión recientes de estas firmas encuestadoras? Nadie. Es que esas firmas realizan sus investigaciones para medios específicos, cuyos dueños están honrando acuerdos con el Gobierno.
Hámilton y Greenberg gozan de prestigio internacional. Y Gallup Dominicana fue la única firma que acertó cien por ciento con respecto al 53% que obtuvo Luis Abinader el 5 de julio de 2020. Mark Penn/Stagwell no dio en el clavo en 2020, porque la encuesta que divulgó fue hecha por teléfono, alegando imposibilidad de aproximarse a ciudadanos a entrevistarlos por motivo de la pandemia. En una encuesta telefónica el margen de error se eleva, pues no pocos piensan en que les están poniendo un gancho, sobre todo si son servidores públicos.
Sin embargo, hay que recordar que para las primarias del PLD, el 6 de octubre de 2019, Mark Penn/Stagwell fue la única en anticipar un empate técnico entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Alguien tenía que ganar y no es un secreto que ganó Fernández, pero mediante una trama fraudulenta de Palacio-JCE se favoreció a Castillo.
En la actualidad ninguna firma internacional, de reconocido crédito, está haciendo encuestas y los resultados que trascienden, de entidades que investigan para consumo propio, colocan al presidente Abinader en primer lugar, pero con porcentajes que oscilan entre el 35% y el 40%, distantes del 50% más un voto que requiere la Constitución de la República.
De ahí el afán de Palacio de mantener separados a Leonel Fernández y a Danilo Medina, al costo que sea, pues una eventual alianza de esas dos personas, con el impacto que tendría en la población, podría devolverle a ese antiguo poderoso segmento político el primer lugar.
Para las elecciones de mayo de 2024 falta un año y siete meses y es mucho lo que puede evolucionar el panorama político, por lo que es difícil y riesgoso hacer proyecciones en estos momentos.
Mientras tanto el presidente Abinader recorre todo el país con el presupuesto de la nación a su disposición, haciendo una campaña electoral indirecta e invirtiendo miles de millones de pesos en publicidad estatal, que le permite, además, establecer la agenda de los temas sobre los que habla la gente. Solo a Luis Abinader le conviene que se Hable de Mantequilla, de una guerra con Haití y de resultados de encuestas que no son reales.
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