SANTO DOMINGO, RD.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monseñor Nouel.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, debido a la falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus actos, “en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga”.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso garantía económica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery García Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
Con la misma modalidad, impuso una garantía económica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada, de RD$500,000 a Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de RD$150,000 a Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
A solicitud del Ministerio Público, el juez Rigoberto Sena declaró el caso como complejo y otorgó un plazo de 12 meses para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente la acusación formal.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, presentó cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participación de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y resultados fraudulentos obtenidos.
Dicha evidencia fue recabada durante la investigación, que se originó a raíz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Fiscalía del Distrito Nacional, en coordinación con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
La fiscalía trabajó este caso junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional. Este operativo permitió la ejecución de 34 allanamientos simultáneos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de más de 200 agentes del Dicat, en los cuales se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.
Los implicados sustrajeron información confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropiándose de fondos de manera ilegal.
Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
El Ministerio Público ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Además, el órgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicitó al tribunal la imposición de prisión preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigación, la cual continúa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.
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