Prohíben la entrada a los repartidores
Los conserjes confirman que han recibido instrucciones claras de no permitir el paso a ninguna persona ajena a la comunidad
La agresión sexual a dos niñas de ocho y cuatro años en una urbanización del barrio madrileño de Montecarmelo ha conmocionado a los vecinos y ha provocado que muchas comunidades adopten medidas de seguridad más estrictas. Entre ellas, destaca la prohibición de acceso al interior de los recintos privados a repartidores de paquetería y comida a domicilio, que deberán entregar sus envíos en la conserjería o en la puerta de acceso.
«Desde este lunes, todos los paquetes se deben dejar en la conserjería», advertía ayer un cartel colocado en uno de los accesos de la urbanización. La medida se ha extendido rápidamente por la zona, impulsada por la preocupación y el miedo de las familias tras el ataque.
Varios conserjes han confirmado que han recibido instrucciones claras de no permitir el paso a ningún repartidor ni persona ajena a la comunidad. «Tenemos la orden de no dejar pasar a nadie, ni a repartidores de paquetería ni de comida. Lo que ha pasado ha sido muy grave y no quieren que se vuelva a repetir», relataba uno de ellos con visible preocupación.
Entre los vecinos se respira un ambiente de alarma e indignación. Muchos padres y madres reconocen que ya no se sienten seguros dejando a sus hijos jugar en las zonas comunes sin vigilancia. «Nunca piensas que algo así pueda pasar tan cerca de casa. Estamos todos muy asustados y es normal que se tomen medidas drásticas», comentaba una vecina, madre de dos niños pequeños.
Otros residentes han lamentado que la seguridad privada de las urbanizaciones, que hasta ahora se consideraba un factor de tranquilidad, se haya visto desbordada. «Pagamos por vivir en un sitio seguro y ahora nos damos cuenta de que cualquiera puede entrar con un pretexto. Esto nos ha abierto los ojos«, afirmaba un vecino.
La decisión de restringir el acceso ha reabierto el debate sobre el control de entradas en este tipo de barrios residenciales, donde los repartidores suelen circular con libertad para llegar a los portales. Aunque muchos admiten que la medida puede resultar incómoda o molesta, la mayoría considera que es necesaria tras lo ocurrido. «Si hay que ir a recoger el pedido a la garita, se va. Lo importante ahora es proteger a los niños«, sentenciaba un residente.
Por ahora, las comunidades no han aclarado si esta restricción será temporal o si se mantendrá de forma indefinida, mientras continúa la investigación policial para esclarecer por completo los hechos y garantizar la seguridad en el barrio.
Además, los de la zona se quejaban también de la escasa presencia policial y el abandono del barrio: «La situación de la zona es deprimente, pero cuando quieren traen a decenas de agentes para impedir que los vecinos protestemos contra el Cantón», declaraba otro residente.
Fuente EL MUNDO
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