La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha consumado su idea de revolucionar el presupuesto de la UE. Plantea unas cuentas para el periodo que va de 2028 hasta 2034: llega a 1,8 billones de euros, un 1,26% del PIB, algo más que en el periodo anterior (2021-27), un 1,13%. Es menos ambicioso de lo esperado por los países del sur. Pero hay algo más importante: el cambio profundo en una estructura que venía desde hace 40 años. Los programas tradicionales de fondos estructurales (cohesión, fondo social) o la política agraria pasarán ahora a integrarse en planes nacionales que deberán incluir estas políticas.
Definir el marco presupuestario es el debate más difícil que suele afrontar la UE. Se lanza cada siete años y en él se ven de verdad los intereses de los Estados. Los más rigurosos con las cuentas públicas, Alemania o Países Bajos, suelen rechazar incrementos de las cuentas comunitarias que vayan mucho más allá del 1% del PIB de la UE. Y, de hecho, La Haya ha marcado su postura a los pocos minutos de conocerse la propuesta: “El presupuesto planteado es muy alto”. Los países del sur tienen por norma pedir más ambición. España, por ejemplo, lanzó una propuesta a comienzos de año reclamando que se duplicara la ambición: hasta el 2% del PIB. Y viendo lo que ha lanzado Bruselas, resulta evidente que el punto de partida se acerca más a las tesis frugales que a las del sur.
Con esta propuesta, que ahora se debatirá durante dos largos años en el Parlamento Europeo y en el Consejo, la Comisión Europea pone números a sus prioridades. Por ejemplo, para defensa y seguridad se plantea un gasto de 131.000 millones, en una partida que también incluye la política espacial. Ese dinero se incluye dentro de una rúbrica mucho mayor que es el Fondo de Competitividad, una herramienta que Von der Leyen había anunciado ya y que ascenderá a 451.000 millones. En él, además de la defensa, se contendrá la política digital, la transición limpia y la descarbonización de la industria o la investigación a través del programa Horizon Europe.
Esa cifra del marco presupuestario total, cercana a los dos billones de euros, junto a ese fondo de competitividad o el incremento de los ingresos propios de la UE, que llegarán a 58.000 millones al año, son las que llevan a Von der Leyen a afirmar que “va a ser el más ambicioso jamás propuesto”. También ha afirmado que es un presupuesto para “una nueva era”. Desde luego, en este nuevo tiempo, la geopolítica pesa mucho y en eso se centra al multiplicar por cinco el gasto en defensa o en un programa para la acción exterior que asciende a unos 200.000 millones, con dinero para Ucrania (100.000 millones) o ampliación de la UE a los países candidatos (43.000 millones).
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirige al Colegio de Comisarios.
Pero el gran cambio que hay sobre la mesa se puede calificar de conceptual y ahí está su ambición. Von der Leyen había anunciado un presupuesto más simple y flexible. Para lograrlo, ha planteado pasar de los cerca de 500 programas operativos que hay ahora a 27 planes nacionales. Esto se traduce, en realidad, en más poder para Bruselas y, sobre todo, para los Estados en detrimento de las regiones, que ya llevan meses lanzando señales de alerta contra estos planes. Tampoco gusta a las organizaciones agrarias, porque la tradicional política agrícola deberá incluirse en el cheque nacional. “Podemos hacer desaparecer políticas agrarias tan importantes como son las ayudas para incorporación de jóvenes al sector, la modernización de explotaciones o ayudas a ganaderos y agricultores que están en zonas desfavorecidas”, lamentaba este mismo miércoles José Manuel Roche, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), en una protesta ante la sede de la Comisión.
Es decir, el nuevo marco presupuestario reduce sus programas para simplificar los procesos de gasto y da más poder a los Estados, traspasándoles el dinero para las políticas que defina Bruselas, y con un control similar al que se ha seguido para la ejecución de los fondos NextGen.
El riesgo que implica esta nacionalización de políticas que hasta ahora tenían una dimensión más europea y regional es precisamente ese: que los intereses nacionales acaben por pesar más que el europeo cuando en informes como el de Letta o el de Draghi se plantea ahondar en el mercado único y la integración económica para competir en el ámbito mundial.
Para evitarlo, en esos planes nacionales las capitales tendrán que incluir unas cantidades mínimas destinadas a las prioridades europeas, como recuerda la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Competencia, Teresa Ribera: “Es una buena noticia que se recoja de forma permanente la integración transversal de los componentes verde y social, reclamando que al menos el 35% de las dotaciones se inviertan en clima y medio ambiente y, al menos, el 14% de los sobres nacionales, estén destinadas al componente social”.
El incremento de la partida de defensa o la irrupción del pago de los intereses y la deuda del Fondo de Recuperación supone que hay que restar dinero de otras partidas. Y esa disminución se da, por ejemplo, en agricultura. Esta tradicional partida tendrá ahora un gasto mínimo de 300.000 millones, menos de los 380.000 del presupuesto actual. “Vamos a salvaguardar más de 300.000 millones de euros para apoyar los ingresos de agricultores y pescadores”, ha adelantado. Para las regiones menos desarrolladas la cantidad reservada es un mínimo de 218.000 millones y para seguridad e interior asciende a una base de 34.000 millones.
Que todas estas cifras se presenten como un suelo, quiere decir que dependerá de los capitales en sus planes nacionales que aumente según cómo ellas distribuyan sus prioridades. No obstante, Bruselas pone unos mínimos para que los Ejecutivos no actúen sin cortapisas.
Fuente EL PAÍS
About Author
