El pinchazo del apodado como «decreto antiapagones» en el Congreso ha causado un profundo disgusto en el sector energético. El motivo es que el grueso de las medidas en realidad poco o nada tenían que ver con el cero energético del pasado 28 de abril, como reconoció el PNV a pesar de votar a favor del texto, que contaba con el respaldo de las empresas energéticas.
Sin embargo, el voto en contra de Podemos bajo el argumento de que «beneficia al oligopolio energético» dejó en manos de PP y Vox el trámite final del texto, partidos ambos que no participaron en su redacción. Y los populares se negaron a darle ayer luz verde, «dado que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar nuestro país sin electricidad durante 24 horas».
Pese a ello, desde el PP trasladan que recuperarán el grueso de las medidas energéticas propuestas en una futura proposición de ley en el Congreso, «en coordinación con las Comunidades Autónomas, para garantizar las inversiones que nuestro país necesita en materia de energía. Confiamos en que ese texto sí tenga el apoyo de la Cámara», afirman.
«Si sale en septiembre, bienvenido sea, pero pensamos que pensamos que desde luego este era el momento de aprobar las medidas», apunta a El Debate Cristina Torres-Quevedo, directora de regulación de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF. Es una de las patronales que, junto a Aelec (que agrupa a las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y EDP), Appa Renovables, Aege y la Asociación Empresarial Eólica, habían reclamado por carta a los diputados que dieran luz verde al texto.
Torres-Quevedo avanza que el fracaso del texto puede motivar que algunos proyectos fotovoltaicos pierda permisos de acceso y conexión a la red al no poder cumplir los exigentes hitos a los que por ahora sigue obligando la legislación. «Este Real Decreto incluía la ampliación de plazos en el caso de medidas cautelares. Esto era de justicia y se aplica en muchos otros procesos. Si hay un recurso que paralice el proyecto podría hacer que se pierdan proyectos e inversiones», advierte.
Según UNEF, hasta 30.000 millones de euros en inversiones podrían estar en juego solo en el sector fotovoltaico. Otras fuentes del sector elevan a 200.000 millones de euros el recorte potencial de inversiones, dado que hay en torno a 20.000 MW pendientes de autorización a la red, a razón de diez millones de euros por MW. Actualmente solo una de cada diez peticiones de conexión a la red por parte de la industria recibe autorización para conectarse a la red, una muestra más del gran atasco que afronta el sistema energético, de acuerdo con un informe de PwC.
Otro punto que preocupa especialmente en el sector la pérdida de las flexibilizaciones para el almacenamiento, algo que actualmente afronta «muchas trabas», según Torres-Quevedo. El texto recogía medidas como la la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada para almacenamiento electroquímico. Pese a que el almacenamiento es clave para acompañar a las renovables –cuya generación no es constante y se concentra en determinadas horas del día en el caso de la fotovoltaica–, en lo que va de año apenas se han instalado 327 MWh, un 34 % menos que el año anterior.
Además, el texto incorporaba medidas para mejorar el control de la tensión de la electricidad generada mediante fuentes renovables, una de las causas del apagón del pasado 28 de abril, según distintos informes. Desde UNEF, que rechaza que la fotovoltaica fuera causante del apagón, reconocen que a caída del decreto «supone un paso atrás para el despliegue de las renovables y de la fotovoltaica en España, dado que dotaba de certidumbre y de seguridad jurídica a las inversiones».
Con el objetivo de tratar de seducir a Junts y amarrar a PNV y Bildu, el texto incluía además algunos guiños específicos a Cataluña y País Vasco, que tampoco saldrán adelante. Así, mediante una disposición adicional concedía a Cataluña –y solo a esta comunidad– una subvención para minimizar el impacto ambiental de la gestión de purines de porcino dotada con dos millones de euros. Además, incluía un descuento en la factura eléctrica del 80 % en los peajes de acceso a la industria electrointensiva, exigido por los nacionalistas e independentistas vascos.
Fuente EL DEBATE
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