SANTO DOMINGO, RD.- A petición de fiscales de la Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Hato Mayor, un tribunal dispuso el envío a juicio de dos hombres implicados en el secuestro de un hombre ocurrido en el mes de mayo de 2024.
La jueza Elizabeth Alcalá Valencia, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hato Mayor, dispuso el envío a juicio de los procesados Alberto Laureano Cabrera (Sanpedrano) y Raymell Stiphen de la Cruz.
El Ministerio Público establece en el expediente que pasadas las 6:30 de la tarde, del 3 de mayo de 2024, Alberto Laureano Cabrera, Raymell Stiphen de la Cruz y Miguel Ángel Noyer, este último fallecido, mientras se desplazaban en un vehículo marca Kia, color gris, raptaron a la víctima con fines de secuestro en el parque de El Valle, municipio de la provincia Hato Mayor, y luego procedieron a amordazarlo con un grillete de color plateado.
Los imputados portaban indumentarias de la Dirección General de Control de Drogas (DNCD), ocupándosele placas y gorras con las insignias de la DNCD y la Policía Nacional, cargadores y cápsulas de fusiles, y en la escena del crimen, además, casquillos producto del intercambio de disparos.
Las personas que se encontraban en dicho parque alertaron a las autoridades, quienes interceptaron el vehículo en Sabana de la Mar y en un enfrentamiento a tiros, pudieron rescatar a la víctima, mientras que dos de los imputados emprendieron la huida.
A pesar de ello, en el lugar fue arrestado un primer imputado, Raymell Stiphen de la Cruz, mientras que días después fue apresado Alberto Laureano Cabrera. Ambos habían tramado los hechos, desde alquilar el vehículo que conducían, hasta preparar las armas del suceso.
En cuanto al nombrado Miguel Ángel Noyer, quien encabezaba la banda criminal, enfrentó al día siguiente de los hechos a la Policía, muriendo en un intercambio de disparos, registrado en San Pedro de Macorís.
Los fiscales investigadores, magistrados Claudio Cordero y Daniel Robles, quienes también tienen a cargo la litigación del caso, presentaron ante el tribunal un conjunto de pruebas creíbles y autosuficientes con las que establecieron la vinculación de los imputados al hecho penal, esquematizadas en documentales, periciales, testimoniales, materiales y audiovisuales.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de Hato Mayor, Ramona Nova y Marleni Guante, reiteraron el compromiso de enfrentar con firmeza el crimen organizado.
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