El presidente de EE UU, Donald Trump, ha destituido al responsable del Servicio de Impuestos Internos (I.R.S., en sus siglas inglesas; agencia tributaria) apenas dos meses después de haber sido confirmado en el cargo. Billy Long, excongresista republicano por Misuri, dejará pues una vacante que de momento no va a ser ocupada. Según fuentes de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se encargará de supervisar la agencia como comisionado interino.
Long es un fiel aliado del presidente, que presumiblemente premiará su lealtad con una embajada, según las mismas fuentes. El I.R.S. ha tenido seis responsables distintos en lo que va de año, y el mandato de Long, nombrado en junio, debería haberse prolongado hasta noviembre de 2027. No se ha dado ningún plazo para la interinidad de Bessent, ni tampoco ha habido reacción por parte del Departamento que dirige.
Bessent y Long habían protagonizado varios enfrentamientos, según tres de las fuentes citadas por The New York Times, el primer medio que dio la noticia. Long había comentado a algunos colegas que tenía que pedir permiso a Bessent para todo lo que hacía en el I.R.S, según dos de los testimonios anónimos. Otras fuentes sostienen que Long, el 51º comisionado en la historia del I.R.S., había pecado en ocasiones de exceso de iniciativa, adelantándose a la agencia que dirigía y al propio Departamento del Tesoro.
El mes pasado, comunicó a los profesionales del ámbito fiscal que la temporada de presentación de declaraciones de impuestos comenzaría más tarde de lo habitual el año que viene, una declaración que el I.R.S. calificó posteriormente de prematura.
Más de 25.000 personas han abandonado la agencia bajo el segundo mandato de Trump, aproximadamente una cuarta parte del personal que tenía a principios de enero, según el inspector general del Tesoro para la administración tributaria. La salida se debe a la campaña de despidos masivos para adelgazar el tamaño de la Administración federal.
Varios comisionados en funciones dimitieron a principios de este año, cuando la Administración republicana presionó al I.R.S. para que olvidara la tradicional protección de la información de los contribuyentes y compartiera datos con los funcionarios de inmigración, inmersos en una campaña de deportaciones a gran escala.
Fuente EL PAÍS
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