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Por José Armando Toribio
SANTIAGO.-Desde el inicio del denominado caso Anti Pulpo, siempre creí en la inocencia de Fernando Rosa. No solo por lo que representaba como funcionario, sino también por su trayectoria como ser humano: responsable, cercano a su familia, comprometido con la sociedad y con un accionar que distaba de los señalamientos que se le imputaron.
Su reciente descargo ha generado una ola de interrogantes. La gente se pregunta cómo se llegó a este punto, por qué un proceso tan mediático terminó revelando debilidades en la acusación y qué intereses pudieron haber mediado en la manera en que fue manejado.
Estas dudas no son fortuitas: son el reflejo de un sistema de justicia que, en lugar de priorizar la búsqueda de la verdad y la correcta aplicación de la ley, parece haber cedido espacio a la espectacularización y al descrédito personal.
Queda en evidencia que el Ministerio Público, más que procurar justicia, en este caso pareció interesado en dañar reputaciones. El despliegue mediático, las acusaciones desproporcionadas y la ausencia de pruebas sólidas terminan por levantar sospechas sobre la objetividad del proceso.
No se trata de absolver culpas a priori, sino de exigir que la justicia sea aplicada con equilibrio, respeto al debido proceso y sin contaminarse de intereses políticos o personales.
El caso de Fernando Rosa es un recordatorio de que la justicia no puede servir de instrumento para campañas de descrédito ni para alimentar la percepción de “grandes victorias” institucionales cuando en realidad se afecta la vida de las personas y se destruyen trayectorias construidas con esfuerzo.
Un fallo absolutorio, como el que hoy lo favorece, abre espacio a la reflexión sobre la responsabilidad de quienes conducen investigaciones y procesos judiciales.
Más allá de lo jurídico, está el plano humano. Quienes conocen de cerca a Fernando Rosa saben que es un hombre íntegro, dedicado a su familia y con vocación de servicio.
Es doloroso constatar cómo, durante todo este tiempo, fue sometido a una campaña de señalamiento que afectó no solo su imagen, sino también a sus seres queridos.
Lo que corresponde ahora es un ejercicio de introspección como sociedad: exigir transparencia en los procesos judiciales, que la justicia actúe con imparcialidad, y que ningún ciudadano sea convertido en rehén de intereses particulares.
Solo así podremos fortalecer el Estado de derecho y confiar plenamente en nuestras instituciones.
El descargo de Fernando Rosa no borra el sufrimiento vivido, pero sí marca un precedente. Nos recuerda que la verdad puede tardar, pero al final se abre camino, y nos invita a no olvidar que la justicia debe ser, siempre, sinónimo de equilibrio, respeto y dignidad.
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