El director general de Persecución resalta que el Ministerio Público ha logrado 29 condenas en este proceso, aunque espera que en la apelación el Poder Judicial imponga sanciones ejemplares que se correspondan con la magnitud de los hechos probados
SANTO DOMINGO, RD.- El caso derivado de la Operación Antipulpo ha generado 29 condenas en la etapa en que se encuentra, incluyendo al cabecilla y gerente operativo de la estructura de corrupción procesada, resaltó el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al destacar la importancia que tienen esas sentencias en la ruta que debe seguir recorriendo el país para erradicar la impunidad.
“Estamos hablando de que este proceso produce al menos 29 condenas. Yo como fiscal, siempre he sido franco, no pretendo dejarlo de ser ahora, quería un poco más. Sí, quería un poco más, pero eso no significa que no hayamos obtenido mucho. Hemos obtenido mucho en este proceso al obtener 29 condenas del total de los acusados”, dijo Camacho.
El procurador adjunto se refirió al tema en una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames con motivo del décimo aniversario del canal Acento TV (televisión por sistema ss cable y redes sociales). “Nosotros probamos que se cometieron actos de corrupción. Eso no está en discusión. Es un hecho que el Ministerio Público probó que se cometieron actos de corrupción”, indicó.
“Probamos todas las imputaciones que llevamos en la acusación. Probamos el soborno. Probamos la estafa contra el Estado. Probamos la falsificación de documentos. Probamos todos los hechos. Probamos el lavado de activos. Todos los hechos que llevamos ante el tribunal”, enfatizó.
Recordó que “el Ministerio Público, que tiene la obligación y la carga de la prueba, cumplió con su parte. Ahora, nosotros no podemos decidir qué penas se les imponen a las personas. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial”.
Camacho valoró que el tribunal haya retenido la responsabilidad en el caso de la dimensión del principal acusado del proceso, Juan Alexis Medina Sánchez, quien al cometer los hechos de corrupción aprovechó su influencia como hermano del entonces presidente de la República.
Indicó que “(…) viéndolo internamente, haciéndole una visión forense al proceso, el núcleo central de este entramado de corrupción recibió una condena”.
El procurador adjunto recordó que las acciones de corrupción de Medina Sánchez afectaron diversas entidades del Estado, incluyendo las que atienden temas sensibles de la población, como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o las distribuidoras eléctricas.
“Nosotros lo que esperamos, desde el Ministerio Público, es que el sistema de justicia sea coherente. Y sea coherente con los hechos que han sido probados, y sea coherente con las pruebas que han sido aportadas, en este proceso, y sean coherente con el daño que este proceso ha causado. Y el daño que este proceso ha causado, lo único que permite, en derecho, es un aumento de la pena”, dijo respecto a la apelación que realizará el Ministerio Público, la cual se deberá producir a partir de la lectura de la sentencia pautada para el 25 de septiembre.
Resaltó que la cantidad de pruebas aportadas por los fiscales en el caso evitan que haya “un espacio por donde escaparse” y permiten que los procesos por corrupción tengan que terminar con una condena.
“Nosotros no dejamos una sola afirmación sin prueba. Nosotros cada afirmación que hacemos en el proceso la hacemos con una prueba”, destacó.
Camacho recordó que, a partir del 2020, “con un cambio en la metodología de la persecución de los casos de corrupción, de la mano, sobre todo, de la hoy procuradora, Yeni Berenice Reynoso, nosotros decidimos ir por las estructuras completas”.
“Y eso hace que los casos sean más grandes en personas y sean más grandes en la cantidad de información que maneja los casos”, añadió.
Confió en que los tribunales jugarán su rol en la lucha contra la impunidad en República Dominicana y conozcan los procesos en tiempo oportuno. Reiteró que “los tribunales han sido tímidos al momento de imponer sanción a los casos de corrupción”.
“Apostamos a que cada quien asuma su rol con la responsabilidad que la Constitución impone sobre sus hombros”, señaló en otra parte del diálogo.
“Nosotros no pretendemos que los jueces nos ayuden. Nosotros no pretendemos que se vulnere el debido proceso. Nosotros queremos que el proceso se lleve correctamente”, pero insistió en que una vez el hecho está probado, “la sanción tiene que ser ejemplar”.
“El mensaje tiene que ser a los funcionarios: Ustedes tienen que comportarse correctamente. Ustedes tienen que cuidar el interés público o habrá una sanción ejemplar”, indicó Camacho.
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