La mujer de Pedro Sánchez ha declarado por cuarta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, como imputada por un delito de malversación
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha enmarcado las labores «puntuales» que realizó su asesora de Moncloa para ayudarla con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como «favores personales». Tanto Gómez como la asesora, Cristina Álvarez, han declarado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como imputadas por un presunto delito de malversación.
Peinado considera que ese delito se podría haber producido, en tanto que Cristina Álvarez realizó esas supuestas gestiones para la actividad privada de Begoña Gómez mientras cobraba un salario público como parte del equipo de Presidencia del Gobierno. La asesora se ha acogido a su derecho a no declarar. La mujer de Pedro Sánchez, en cambio, se ha limitado a contestar a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, que le ha formulado seis preguntas.
Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, todas las cuestiones han girado en torno a la contratación de Álvarez y las funciones que tenía encomendadas. La esposa de Sánchez ha aclarado que, cuando su marido llegó a la Presidencia del Gobierno, le comunicaron que debía escoger a una asesora que la ayudara a coordinar actos, calendario, cuestiones de seguridad y otras tareas. El trabajo de Cristina Álvarez requería una disponibilidad de 24 horas al día, según ha aclarado Gómez. La mujer de Sánchez ha explicado también que otras esposas de presidentes del Gobierno tuvieron más de un asesor.
Asimismo, ha admitido que, de forma «puntual» y esporádica, le pidió a Cristina Álvarez que realizara alguna gestión para ayudarla con sus labores en la Universidad Complutense. Se trataba de «favores personales» que pedía a Álvarez porque era su «amiga», según ha justificado ante el juez. Para el juez, en cambio, aquellas gestiones podrían constituir un delito de malversación de fondos públicos.
Los primeros indicios sobre las actividades presuntamente irregulares de Cristina Álvarez aparecieron en unos correos electrónicos entregados al juzgado por el abogado de Begoña Gómez con la intención de exculpar a su clienta del delito de intrusismo laboral que se le imputa. Entre ellos había un mail enviado por la asesora a Reale, una de las compañías patrocinadoras de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El mensaje es el siguiente: «Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis».
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De este correo nacieron las sospechas de que Cristina Álvarez, en calidad de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, realizaba gestiones para favorecer la actividad laboral privada de la esposa del presidente del Gobierno.
El 12 de junio, la Audiencia Provincial respaldó la imputación de la asesora por estos hechos. En un auto de 13 folios, el tribunal apuntó que «la investigación tendrá que centrarse en si [Álvarez] se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias«. El mismo escrito resaltaba que el vicerrector de la Complutense, Joaquín Doadrio, declaró en el juzgado que poseía «muchos correos con Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez». Añadió que esta asesora era «la persona de confianza» de la esposa de Sánchez y «siempre la acompañaba» cuando iba a la universidad.
En cambio, la Audiencia Provincial no cree que los hechos sean constitutivos de un delito de malversación por parte de Cristina Álvarez. El tribunal señala que una persona en la situación de esta asesora —»el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado»— no puede cometer el delito de malversación. El tribunal, que cree que Cristina Álvarez «quizá no esté cometiendo un delito de malversación», señaló en su escrito del 12 de junio que la asesora pudo haber colaborado en el delito de tráfico de influencias por el que se investiga a Begoña Gómez.
El pasado miércoles, Peinado dictó una providencia en la que solicitó a Presidencia del Gobierno que remitiera «copia de los correos electrónicos recibidos y enviados» desde el correo de Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. El escrito acuerda que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analice esos mails y elabore un informe sobre su contenido.
Begoña Gómez ha recurrido esa diligencia. El abogado de Gómez y exministro del Interior, Antonio Camacho, considera que Juan Carlos Peinado ha hecho una interpretación «exorbitada» del Código Penal con el fin de imputar un delito de malversación a su representada. Su análisis de la ley es «extremadamente extensiva y alejada de la realidad», apuntó el abogado en sus escritos. Camacho tampoco aprecia indicios de los otros delitos imputados a la esposa de Sánchez: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo laboral y apropiación indebida.
Fuente: 20 Minutos
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