A todos los imputados por el Ministerio Público en el caso les han sido impuestas medidas de coerción
SANTO DOMINGO, RD.- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva contra Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes formaban parte de la red que cometió estafas contra ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro y posteriormente blanqueaban capitales con un esquema de lavado de activos desmantelado con la Operación Discovery 3.0.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Elvin Ventura, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, presentaron diferentes evidencias con las que establecieron la participación de los dos imputados en la red.
La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso a los imputados el cumplimiento de la medida privativa de libertad en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres de esa provincia, y además declaró el caso de tramitación compleja.
A un total de nueve imputados, vinculados a la estructura criminal, les han sido impuestas distintas medidas de coerción.
El pasado viernes, la jueza Yiberty Polanco Herrán, del mismo tribunal, le impuso distintas medidas de coerción a otros siete imputados, tras acoger en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público, al reconocer que la investigación aportó evidencias convincentes que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.
Con la decisión el tribunal declaró el proceso de tramitación compleja e impuso la prisión preventiva, revisable cada tres meses, contra Bernardo Taveras Vélez, uno de los cabecillas de la red que también cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.
Otro de los cabecillas, Jesús Manuel Castaños Colón, sobre quien el tribunal destacó su activa e importante vinculación con los hechos señalados por el Ministerio Público, tendrá que cumplir prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento a salir del país, tomando en cuenta razones de salud.
Contra los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, el tribunal valoró su cooperación en el proceso y ordenó el arresto domiciliario, como lo solicitó el Ministerio Público.
El tribunal también acogió la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Castaños García, a quien le fue impuesta una garantía económica de $500 mil pesos, a través de una compañía aseguradora.
Los imputados contra quienes el Ministerio Público solicitó arresto domiciliario, han colaborado con la investigación, admitiendo los hechos, reconociendo y estableciendo la información de terceras personas.
El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.
La investigación que puso en marcha la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales.
Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
Otros serán extraditados
En el marco de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.
La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), a quien le impuso como medida de coerción el cumplimiento de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.
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