Entiende que sin «la relación de parentesco, difícilmente» se podría haber dado el tráfico de influencias que la lleva a un tribunal popular
El magistrado Juan Carlos Peinado ha propuesto enviar a Begoña Gómez ante un tribunal con jurado al entender que el delito de tráfico de influencias por el que está imputada en la pieza principal fue posible por sus «vínculos con el actual presidente del Gobierno». Según un auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, el magistrado considera «muy difícil» que sin esa «relación de parentesco» ella, el empresario Juan Carlos Barrabés y su asesora, Cristina Álvarez, pudieran haber puesto «en práctica las conductas delictivas» por las que quiere sentarlos en el banquillo. De hecho, considera «fundamental» esa relación.
Al margen del tráfico de influencias, los tres están investigados en la pieza principal por corrupción en los negocios, apropiación indebida en relación con el software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) -la otra parte de la causa de la pieza nuclear- e intrusismo.
Begoña Gómez está imputada por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, al que ella habría favorecido a cambio de ayuda para poner en marcha su cátedra. El motivo por el que Peinado quiere que el grueso del conocido como caso Begoña recaiga en un tribunal popular obedece a que entre los delitos investigados está el de tráfico de influencias, incluido en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), artículo 1.2 g), y eso, según su criterio, hace que arrastre procesalmente al resto de los delitos investigados.
Se da la circunstancia de que de los tres investigados en la pieza troncal (Gómez, Barrabés y Álvarez), la asesora de Moncloa se considera funcionaria pública, uno de los requisitos para situar la causa bajo el paraguas del tribunal no profesional. La asesora de la esposa de Pedro Sánchez pudo haber ayudado a Gómez o haber sido partícipe en la búsqueda de patrocinios en base a su condición de esposa del jefe del Ejecutivo.
«Todos estos elementos permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado), de tal manera que, es clara, la necesidad de ese posible enjuiciamiento conjunto, que lleva a la inexorable conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa, aclara el magistrado.
Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Madrid avaló que Álvarez permaneciera imputada por el delito de tráfico de influencias en la pieza principal después de que su defensa lo recurriera.
Precisamente, un informe recién presentado de la Intervención General del Estado (Igae) señala que las adjudicaciones de la entidad pública Red.es a la empresa recomendada por Begoña Gómez estuvieron plagadas de irregularidades.
Los pliegos de las licitaciones no contemplaban valorar cartas de recomendación, pero sin embargo, se hizo. La UTE de Barrabés presentó varias de estas cartas, entre ellas la de Begoña Gómez en favor del empresario que le estaba ayudando a impulsar su cátedra en la Complutense. A la sociedad de Barrabés, según el organismo dependiente del Gobierno, se le mejoró la puntuación por aportarlas, mientras que se reprochó a otras rivales que no lo hicieran. «Tenerlo en cuenta para puntuar las ofertas en todo caso supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores», concluía el dossier.
Fuente EL MUNDO
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