Más de 400 personas privadas de libertad padecen trastornos mentales; especialistas advierten sobre la urgencia de atención adecuada
El aumento de personas con trastornos mentales en las cárceles del país evidencia un problema que se profundiza cada año y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de crear un centro psiquiátrico penitenciario.
Actualmente, República Dominicana carece de un centro psiquiátrico penitenciario especializado.
Los reclusos con trastornos mentales reciben atención en cinco pabellones de salud mental, o de forma ambulatoria dentro de los recintos, una respuesta limitada ante el aumento constante de diagnósticos en el sistema carcelario.
El tema cobró fuerza durante el Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario, celebrado por el Día Mundial de la Salud Mental, donde jueces, defensores públicos y autoridades coincidieron en que el país enfrenta una crisis silenciosa que mezcla enfermedad, encierro y abandono.
Según explicó el juez de Ejecución de la Pena, José Manuel Arias, más de 400 reclusos han sido diagnosticados con trastornos mentales dentro del sistema penitenciario nacional.
«En noviembre del año pasado hablábamos de 364 internos con trastornos mentales, y hoy superan los 400. Es una realidad concreta que requiere políticas urgentes de atención y prevención», señaló el magistrado.
- Arias alertó que la falta de espacios adecuados para el tratamiento psiquiátrico convierten a las cárceles en entornos donde la enfermedad se agrava.
«Definitivamente, el solo hecho del encierro genera niveles de preocupación y ansiedad que impactan negativamente la salud mental de los internos», añadió.
El magistrado planteó la necesidad de crear una red provincial de unidades de salud mental, integrada al sistema judicial y penitenciario, que permita identificar y derivar a las personas diagnosticadas hacia espacios terapéuticos adecuados.
La urgencia de un espacio especializado
El director de la Defensoría Pública, Adolfo Valentín, fue más tajante: el país necesita un centro psiquiátrico penitenciario. Para él, los pabellones de salud mental dentro de las cárceles resultan insuficientes y perpetúan el hacinamiento de personas inimputables.
Valentín denunció que, ante la falta de infraestructura adecuada, el sistema responde con prisiones preventivas prolongadas para personas con desequilibrios mentales, lo que contraviene los principios básicos de derechos humanos.
«No se trata solo de seguridad, sino de humanidad. Estamos manteniendo en reclusión a personas que deberían estar en tratamiento, no cumpliendo condenas», advirtió.
El defensor público exhortó al Gobierno a priorizar la construcción de un centro especializado, con personal capacitado y condiciones que garanticen un trato digno.
¿Un solo centro o una red descentralizada?
Sin embargo, no todos coinciden con la idea de concentrar la atención en un único establecimiento.
El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, sostuvo que un centro nacional podría alejar a los internos de sus familias y comunidades, lo cual afectaría su proceso de rehabilitación.
«No creo que sea necesario que haya propiamente un centro, porque eso va a deslocalizar a las personas de diferentes provincias, y los mismos privados de libertad no deben estar en un lugar demasiado lejos de su familia y su comunidad», argumentó.
Santana insistió en que la atención debe fortalecerse dentro de las cárceles existentes, mediante personal técnico, apoyo psicológico constante y protocolos más estrictos para los internos con padecimientos mentales.
Menos de 100 especialistas para todo el sistema penitenciario
La precariedad de recursos humanos agrava el problema. Santana reconoció que el país cuenta con menos de 100 especialistas en salud mental —entre psiquiatras, psicólogos y terapeutas— para atender a toda la población penitenciaria.
«Actualmente tenemos menos de cien especialistas«, admitió, insistiendo en que la salud mental en prisión no puede abordarse de manera aislada.
El funcionario subrayó que se requiere un esfuerzo conjunto entre el Estado, las universidades, los colegios profesionales y el sector privado.
«La salud mental no puede ser responsabilidad exclusiva del Gobierno. Todos debemos atenderla», expresó.
Fuente DIARIO LIBRE
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