El Ejecutivo quiere incluir un apartado en el artículo 43 para reconocer el aborto como un derecho a la protección de la salud y no como un derecho fundamental, algo que ha sido criticado por formaciones como Podemos.
El Gobierno ha dado este martes el primer paso para tratar de blindar el aborto en la Constitución Española. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma que plantea modificar el artículo 43 de la Carta Magna, relativo al derecho a la salud, y se incluirá un cuarto apartado con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El nuevo párrafo que pretende incluir el Ejecutivo se recogerá, por tanto, en un apartado distinto al que recoge los derechos fundamentales (como la vida, la libertad, la igualdad o la intimidad), algo que ha sido criticado por formaciones como Podemos, que consideran que esta fórmula acaba dejando el aborto más desprotegido que ahora.
El PSOE ya avanzó a principios de octubre que iba a llevar a cabo esta reforma, justo después de la polémica surgida tras la aprobación en Madrid de una medida para informar a las mujeres de un supuesto ‘síndrome postaborto». Dos semanas más tarde, los dos socios del Ejecutivo han conseguido llegar a un punto de acuerdo in extremis en torno a una propuesta para incluir la prestación del aborto en la Constitución, que, de todos modos, deberá recibir el aval del Consejo de Estado.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido quien ha hecho el anuncio sobre esta modificación constitucional apenas unas horas antes. En una entrevista para la Cadena Ser, el líder del Ejecutivo ha defendido la necesidad de seguir el camino de Francia, que ya incluyó el aborto en su constitución en 2024, con independencia de que exista la ley del aborto en España, puesto que hay gobiernos autonómicos que «por cuestiones ideológicas, de dogmatismo y de sectarismo» la incumplen.
De este modo, y según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redodndo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la fórmula definitiva introduce un cuarto apartado en el artículo 43 de la Constitución con el siguiente párrafo: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».
Redondo ha incidido en que se trata de un «principio interpretativo» que reconocería la «garantía prestacional» del aborto y aunaría toda la jurisprudencia sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que ya reconoció el Tribunal Constitucional (TC) en 2023. «Ahora se refuerza, se blinda y se garantiza de una manera más rotunda, más potente, con este escudo inconstitucional», ha señalado la ministra.
Para introducir ese párrafo, el Gobierno recurrirá a la «reforma ordinaria» del artículo 167 de la Constitución y no a la reforma agravada del artículo 168, puesto que no se tocan partes fundamentales del texto, como el Título Preliminar, los derechos fundamentales y la Corona. Se trata de una vía más sencilla que la agravada, que exigiría convocar elecciones y que las siguientes cortes lo ratifiquen.
En cambio, la fórmula por la que ha optado el Ejecutivo es la ordinaria, que necesitará una mayoría cualificada de tres quintos en cada una de las Cámaras (Congreso y Senado) y, de no haber acuerdo, se podrá crear una comisión paritaria para tratar de acordar un texto. Si en esa comisión se logra consensuar un nuevo texto, se necesitarían dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado (que ahora mismo ostenta el PP) para sacar adelante la iniciativa.
Adicionalmente, la reforma podrá ser ratificada por un referéndum si una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos cámaras lo solicita 15 días después de su aprobación.
El apoyo del Partido Popular, por tanto, es esencial para que salga adelante dicha reforma, y Génova ya ha expresado en más de una ocasión que no está por labor. Hace dos semanas rechazaron respaldar una reforma que , sostienen, nace para «distraer» el foco hacia otros asuntos y que ven innecesaria, puesto que «la opción de abortar ya está permitida y regulada en España». Por tanto, la reforma no tiene visos de salir adelante.
La ministra Ana Redondo ha reconocido la complejidad de la reforma, y ha apuntado que hablarán con «todos los grupos» y harán una «labor pedagógica» de explicar el proyecto a cada uno de ellos. «Una inmensa mayoría de la ciudadanía española está por esta reforma constitucional y lo que pretendemos es trasladar esa mayoría amplia social a la mayoría parlamentaria, que es la que tiene que avalar esta reforma», ha subrayado.
Madrid, Aragón y Baleares: un mes para el registro de objetores
El Consejo de Ministros de este martes también ha acordado mandar sendos requerimientos Madrid, Aragón y Baleares, para que creen el registro de objetores de conciencia del aborto, tal y como se mandata la ley aprobada en 2023 por Irene Montero. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que, si el requerimiento formal no tiene respuesta en el plazo de un mes, acudirá a los tribunales para plantear un proceso contencioso y que «un juez les obligue a cumplir la ley». «El registro no es algo opcional, no es una ocurrencia; es una obligación legal, una herramienta esencial para garantizar que los derechos de las y los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto», ha subrayado.
En los tres escritos a los que ha tenido acceso 20minutos, la ministra recuerda que el 16 de noviembre de 2024, Gobierno y autonomías acordaron «de manera unánime» el protocolo que define la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia. Casi un año después, y tras un proceso de seguimiento de dichos registros, Sanidad ha constatado que esos tres territorios siguen sin implantar la medida a los territorios, aunque a día de hoy solo Madrid se ha mostrado públicamente en contra. La misiva indica, además, que aunque Andalucía y Asturias todavía no cuentan aún con dicho registro, «se encuentran en fase de tramitación».
Fuente: 20 Minutos
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