Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Ante el pedido al gobierno dominicano por parte de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para que sea revisada la resolución 217-2022 que excluiría a los dominicanos del pago de los 10 dólares por la Tarjeta de Turismo al viajar a su país de origen debe poner en alerta las fuerzas aliadas en la República Dominicana.
Así lo plantea Luis Mayobanex Rodríguez, coordinador general de Alianza País (AlPaís) en Ultramar, con asiento en esta ciudad, indicando a la vez que por años vienen denunciando la inconstitucionalidad de este impuesto implementado desde el 2018 por el gobierno del PLD.
Si bien esta asociación del negocio del transporte aéreo hace saber su NO oposición a la indicada resolución y plantea, a la vez, un procedimiento para excluirnos del pago de los famosos 10 dólares, sus dudas procedimentales se podrán expresar de otras maneras hasta tanto el Poder Ejecutivo mantenga vigente sin modificación alguna el decreto 430-17 que es el que le da sustento.
Por eso, desde que se hizo pública la resolución de la Junta de Aviación Civil (JAC) AlPaís alertó sobre la posibilidad de ocurrencia de conflictos legales, dado que su resolución debió de haber sido antecedida por la modificación del decreto 430-17.
Este decreto presidencial aun continua vigente sin modificación alguna desde que fue promulgado el 4 de diciembre del 2017, por el entonces presidente Danilo Medina.
Legalmente una resolución de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo no está por encima de un decreto dictado por el presidente, que en la actualidad lo es Luis Abinader.
AlPaís insiste en dos aspectos relacionados al decreto. El primero es en su modificación definitiva para que esa mancha oprobiosa que en los hechos nos considera como turistas desaparezca para siempre.
Y reclamarle al presidente, como principal cabeza del Estado, un informe a sus migrantes y a la ciudadanía en general sobre cuál ha sido el destino final de los casi 45 millones de dólares que desde abril del 2018, cuando se inició la implementación del indicado decreto, ha recibido el gobierno.
De esta enorme cantidad de dinero no reembolsado al viajero dominicano, un mínimo de 22 millones de dólares está en manos de la presente administración que regentea Abinader. Esto significa en moneda nacional la impresionante suma de más de mil millones de pesos.
Esta preocupación nos llevó a solicitar a la Cámara de Diputados, a través de su presidente Alfredo Pacheco, a que invite al Ministerio de Hacienda a dar un informe ante dicha cámara explicando donde se encuentran los montos ilegalmente acumulados, cual ha sido su destino y en caso de que hubiera inversión explicar su propósito, especifica Mayobanex Rodríguez.
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