Leopoldo Puente, instructor del Tribunal Supremo, ha dado este viernes un paso sorpresivo, que ha generado malestar en el PSOE con la decisión de un magistrado al que hasta ahora nadie en el entorno del Gobierno había criticado ni siquiera en privado.
El juez ha acordado enviar a la Audiencia Nacional —el tribunal que comenzó a indagar en 2023 en la trama urdida en el seno del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos para enriquecerse con la compraventa de mascarillas— toda la información y testimonios que ha recabado hasta ahora sobre la gestión de los pagos en metálicos de Ferraz al ex secretario de Organización socialista y a su antiguo asesor, Koldo García.
En su resolución, Puente insiste en que le han brotado “incógnitas” sobre la gestión del sistema de reintegro de los gastos en el seno del partido; y, aunque no explicita ningún delito concreto, concluye que debe valorarse la posibilidad de investigarlo.
Este movimiento del juez ha sorprendido e indignado a algunos dirigentes socialistas, que consideran que se busca así una puerta para intentar indagar sobre una financiación ilegal de la que, aseguran, no hay ningún indicio. Varias fuentes socialistas consultadas creen que, leyendo el auto, lo único que se podría deducir es que, tal vez, Ábalos estafó al PSOE pasando facturas que no correspondían a gastos efectivamente realizados por él. Pero rechazan, en cualquier caso, una financiación ilegal del PSOE. Insisten en que no hay ningún elemento objetivo de que los socialistas hayan recibido dinero irregular —más allá de la declaración de la empresaria Carmen Pano, que no ha aportado pruebas—.
El magistrado Puente mueve ficha pero considera que esa decisión sobre si hay que investigar los pagos en metálico de Ferraz no le corresponde a él. El magistrado del Supremo hace meses que manifestó que solo tiene competencias para investigar a Ábalos (actualmente es el único imputado que se encuentra aforado al ser diputado) y aquellas actuaciones o personas que tuvieran una vinculación relevante con el parlamentario. Esta interpretación le deja cierto margen de maniobra y ha supuesto, por ejemplo, que se haya quedado con la parte de las pesquisas que afectan a Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos en la Secretaría de Organización (el sumario apunta que ambos, junto a Koldo García, habrían gestado una red para amañar contratos públicos a cambio de comisiones). Y que, en cambio, haya remitido a la Audiencia Nacional todas las pesquisas sobre Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, respectivos responsables de Adif y de Carreteras en época de Ábalos al frente de Transportes, por haber “podido prestar asistencia” a esa presunta trama de corrupción.
De esta forma, el criterio que ha establecido Puente implica que las pesquisas hayan quedado repartidas entre dos tribunales. El Supremo se ha quedado con la parte de las pesquisas sobre las presuntas irregularidades cometidas por Ábalos en la trama de mascarillas junto a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. A su vez, la Audiencia Nacional investiga al resto de implicados en las supuestas ilegalidades en la compraventa de tapabocas. Y al igual ocurre con la presunta trama de amaño de obra pública: el Supremo se ha quedado con las indagaciones sobre Ábalos y aquellas personas que considera que tienen una conexión relevante con él (Aldama, García, Cerdán y otros empresarios); y la Audiencia Nacional con el resto de sospechosos.
Por ello, siguiendo esa línea, Puente cree que es la Audiencia Nacional quien debe decidir si se investiga el sistema de pagos del PSOE, “en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. El magistrado del Supremo considera que “parece claro” que la actividad de partido se puede escindir del objeto de su investigación sobre Ábalos —que es sobre quien tiene competencias—. Aunque, eso sí, en el caso de que surgieran indicios de delito que apunten a un aforado, esa parte de la causa debería volver al alto tribunal.
De la tranquilidad al malestar
En el PSOE, que había repetido durante días que estaba tranquilo, se ha instalado ahora un profundo malestar con la decisión del magistrado Puente. La investigación que está llevando a cabo sobre el caso Koldo-Ábalos-Cerdán tiene el respeto del Ejecutivo, al contrario de lo que sucede con otras instrucciones, como la del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez. Sin embargo, la petición a la Audiencia Nacional no ha sido recibida del mismo modo que movimientos anteriores. Fuentes socialistas temen que se intente abrir una causa por financiación ilegal del PSOE, aunque sea sin indicios sólidos.
En cualquier caso, la consigna oficial es mantener la máxima colaboración con la justicia y ofrecer toda la documentación que requiera tanto el Supremo como la Audiencia Nacional, como se ha hecho hasta ahora. Fuentes oficiales del partido insistieron en que estarán a disposición de los tribunales, “facilitando todo lo necesario para demostrar, con total claridad, que se está actuando conforme a la ley en cada paso”. “Aportaremos toda la documentación que se nos reclame para acreditar que cada liquidación de gastos está debidamente justificada y responde una documentación cierta. Aportaremos la documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE. El comportamiento del PSOE siempre ha sido escrupulosamente legal, sin que se haya cometido ninguna actividad o practicado ningún comportamiento que pueda ser considerado irregular, y mucho menos delictivo”, rematan estas fuentes.
Fuente EL PAÍS
About Author
