Los recursos obtenidos con la venta de los inmuebles del Caso Guepardo serán conservados en una cuenta del Estado para resarcir a las víctimas cuando un tribunal ordene un decomiso
SANTO DOMINGO, RD.- A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana dictó la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes, correspondientes, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la Operación Guepardo.
Los bienes fueron incautados en el proceso seguido a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por su vinculación al caso.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana, formularon la solicitud ante la jueza Vicky Chalas, quien ordenó la venta anticipada de los bienes.
Los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas cuando un tribunal ordene un decomiso. En el proceso se irán recuperando los activos para presentarlo al tribunal y al finalizar, con una sentencia condenatoria, se decomisa a favor de las víctimas.
Los bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcción del complejo.
El Ministerio Público indicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
El pasado mes les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva impuestos en febrero a los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, los cuales cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, y en Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
En la continuación de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. A los cuatro también se le impuso prisión preventiva por un año que deberán cumplir en la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey, en esa misma provincia.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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