SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público reafirmó este martes que se mantiene firme en procura de lograr sanciones ejemplares con las más de 2,900 pruebas presentadas contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y los demás acusados de integrar la red de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio, por quinta ocasión, en atención al certificado médico de 45 días presentado el pasado 23 de octubre por la defensa de Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), representó al Ministerio Público ante el tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
El tribunal fijó la próxima audiencia para el martes 25 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, cuando se cumplen 32 días del primer receso.
El pasado mes de octubre la defensa del Cáceres Silvestre buscaba que su expediente fuera desglosado del juicio principal contra los procesados por corrupción administrativa.
El Ministerio Público ha presentado más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación, además, contra los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción.
Al caso están vinculados varios altos oficiales y civiles que participaron en diversas actividades ilícitas para sustraer fondos de inteligencia de las citadas instituciones. Entre los acusados, además, figuran: el coronel Rafael Núñez de Aza, el general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; Rossy Guzmán Sánchez, conocida como la Pastora; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy Guzmán Sánchez, y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz. También, se acusa a José Manuel Rosario Pirón, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de liderar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
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