Una advertencia desde el Caribe sobre hegemonía, narrativas y memoria
Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por Iscander Santana
Zürich, Suiza
El Caribe vuelve a ser tablero de poder. Bajo el rótulo de «lucha contra el narcotráfico», Estados Unidos ha escalado operaciones militares en aguas cercanas a Venezuela, bombardeando pequeñas embarcaciones con decenas de muertos y sin presentación pública de pruebas concluyentes sobre vínculos criminales. La pregunta es tan vieja como vigente: ¿se combate el delito o se construye un enemigo funcional a la geopolítica?
El patrón histórico de construcción del enemigo
La historia ofrece rimas incómodas. En 1989, la invasión a Panamá justificada por la Operación Causa Justa encuadró a Manuel Noriega como símbolo del narcotráfico global, a pesar de haber sido colaborador de la CIA durante años. Irak en 2003 se justificó con armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. En cada caso, primero se erigió una amenaza mediante campañas mediáticas intensivas, después vino la intervención militar.
Ese patrón no es metáfora sino método documentado. Hoy resurge en el Caribe entre bombardeos sin debido proceso, designaciones unilaterales de «terrorismo»
y un cerco militar creciente alrededor de Venezuela que incluye despliegue naval, fuerzas especiales y advertencias a la aviación civil.
La escalada actual en cifras
Desde agosto, Washington reforzó su presencia naval y aérea en el Caribe y el Pacífico latinoamericano. Se reportan al menos una veintena de ataques a lanchas clasificadas como «sospechosas» y un saldo estimado superior a 80 personas fallecidas. Las propias declaraciones oficiales reconocen destrucción de embarcaciones mediante fuego directo, operaciones que algunos legisladores estadounidenses califican como «ejecuciones extrajudiciales» y que organismos venezolanos investigan en conjunto con Fiscalía y Parlamento.
Narrativa contra datos: ¿por dónde pasa realmente la droga?
La narrativa del «narcoestado venezolano» choca frontalmente con las cifras de organismos especializados. Informes de la UNODC y estimaciones de la DEA ubican el 74% del flujo de cocaína hacia Estados Unidos por rutas del Pacífico, mientras la ruta Caribe Occidental representa cerca del 16%. Venezuela aparece como corredor marginal, con apenas el 5% de la producción colombiana transitando por su territorio según análisis citados.
Documentos oficiales estadounidenses sobre fentanilo, la droga que genera mayor crisis de salud pública en Estados Unidos, no incluyen a Venezuela como fuente ni
vía relevante. Si los datos contradicen el relato oficial, ¿por qué se legitima un despliegue militar que prioriza precisamente el Caribe y Venezuela? La respuesta más plausible no es farmacológica sino geopolítica.
Legalidad internacional bajo ataque
Cuando el uso de la fuerza en aguas internacionales deriva en muertes sin debido proceso ni verificación independiente, la cuestión trasciende lo militar para convertirse en violación del derecho internacional. La Fiscalía venezolana ha denunciado públicamente estas violaciones y solicitado indagaciones sobre los bombardeos. La Asamblea Nacional conforma comisiones especiales que reúnen testimonios de familiares de víctimas.
Voces europeas alertan del riesgo de escalada interestatal y llaman a priorizar diplomacia y multilateralismo. Si el combate al crimen transnacional exige, según los propios tratados internacionales, cooperación judicial y pruebas verificables, ¿qué marco legal está guiando operaciones que omiten ambos requisitos?
Riesgos para comunidades y soberanía
La combinación de bombardeos en el mar, amenazas de «operaciones por tierra» y cierres del espacio aéreo eleva exponencialmente el riesgo de escalada, con impactos directos en comunidades pesqueras y economías locales que han suspendido faenas por miedo a ser «confundidas» con narcotraficantes. La
memoria caribeña conoce el costo humano de narrativas hegemónicas que simplifican realidades complejas.
La pregunta no es si existe delito transnacional, lo hay y debe perseguirse mediante cooperación internacional efectiva. La pregunta es quién decide unilateralmente, con qué evidencia verificable y bajo qué marco legal. Sin ese piso mínimo, la seguridad se vuelve coartada para intervención y la soberanía, ficción que se mantiene solo mientras resulta conveniente.
Preguntas que exigen respuestas
¿Dónde están las evidencias verificadas por instancias multilaterales que justifican bombardeos letales? Si el tráfico mayoritario usa el Pacífico, ¿por qué el
foco militar está en el Caribe y específicamente sobre Venezuela? ¿Qué normas del derecho internacional habilitan ataques sin captura, revisión judicial y debido proceso?
¿Qué criterios operativos distinguen pescadores, migrantes y tripulaciones criminales antes de abrir fuego? ¿Quién responde institucionalmente por errores y víctimas civiles? ¿Por qué no se intensifican mecanismos de interdicción coordinada, patrullaje conjunto y cooperación judicial antes de recurrir a fuego letal como primera opción?
La historia rima, el Caribe recuerda
La historia no se repite exactamente, pero rima con precisión inquietante. La rima del Caribe nos obliga a sostener crítica con
datos verificables, a exigir legalidad con nombre y apellido, y a defender una narrativa propia que no sea rehén de la coartada del «narco» cuando el precio son vidas de pescadores, migrantes y comunidades costeras.
Porque si aceptamos que la guerra contra las drogas justifica bombardeos sin pruebas, ejecuciones sin juicio y cercos militares sin marco legal, entonces hemos legitimado que cualquier nación poderosa puede destruir embarcaciones, matar tripulantes y ocupar espacios marítimos simplemente declarando que combate el crimen. Y ese precedente no amenaza solo a Venezuela sino a toda América Latina que, una vez más, descubre que su soberanía es condicional y su gente, prescindible en cálculos geopolíticos ajenos.
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