La UPF denuncia ante la ONU la condena impuesta por el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz, el que fue fiscal general del Estado hasta el pasado noviembre
Los fiscales progresistas piden la intervención de la ONU ante «irregularidades» en la causa contra García Ortiz
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha trasladado un escrito a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia «la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal» contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Éste ha sido condenado en el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
De esta manera lo ha comunicado este viernes la UPF en una nota de prensa, en la que sostiene que los hechos observados «no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho».
Entre estos hechos, la asociación destaca la «acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados«. Concretamente, denuncia que los mismos jueces participaron en «la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave y, finalmente, el enjuiciamiento».
Además, los fiscales afean que el fallo sobre García Ortiz trascendiera «sin motivación» durante semanas. La UPF expresa que «ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican». Añaden que esto «afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones«.
Medidas extremadamente invasivas
La UPF también ha denunciado lo que consideran «una instrucción con medidas extremadamente invasivas«, debido a que la orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado «incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas».
También señalan «comportamientos públicos impropios» durante el juicio y la deliberación. Concretamente, se refieren a «intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad» y de «vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores».
Además, mencionan la existencia de «un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares«. Se refieren a una formación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, acusación popular en el juicio contra García Ortiz, en la que participaron los magistrados Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que enjuició al fiscal general, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.
Piden a Satterthwaite que visite España
Por estos motivos, solicitan a Satterthwaite «que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial«; «que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y «que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso».
García Ortiz fue presidente de la UPF, asociación que está siendo muy contundente en su crítica al fallo del Supremo y que reclama la publicación de la sentencia completa.
Fu7ente: Antena 3
About Author
