DCIM100MEDIADJI_0011.JPG
El tribunal acogió el planteamiento del equipo de fiscales y validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas
SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0, una compleja investigación de carácter transnacional puesta en marcha en 2023 que puso al descubierto maniobras criminales de una organización dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de estadounidenses en edad de retiro.
Tras más de 2 años de diligencias de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, el Primer Juzgado condenó a 7 y 4 años de prisión a los encartados en el caso y ordenó la disolución de las dos entidades societarias, pasando todos los bienes al Estado, además del decomiso millonario de vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes recordó que los condenados operaban desde call centers clandestinos disfrazados de centros de servicios, desde los cuales ejecutaban campañas sistemáticas de fraude, utilizando medios tecnológicos, afectando especialmente a personas de la tercera edad en los Estados Unidos. Las víctimas fueron despojadas de los ahorros acumulados por décadas.
La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución en estrecha colaboración de las autoridades de Estados Unidos y con apoyo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet), permitió la recolección de más de 450 elementos de prueba, entre interceptaciones, documentos, medios digitales y testimonios, que sustentaron las acusaciones de asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.
De forma paralela, el Ministerio Público tramitó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y la judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.
En República Dominicana se logró la disolución judicial de dos personas jurídicas utilizadas como fachadas operativas y el decomiso de más de RD$2 millones en efectivo, USD$84 mil dólares, vehículos de alta gama, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.
El Ministerio Público destacó la condena contra Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo y/o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien fue condenado a siete años de prisión.
Los también operadores de la red criminal Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (alias Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (alias Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin), Deuris Antonio Franco De La Cruz fueron condenados a cuatro años de reclusión.
Igualmente, recibieron condenas los imputados Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco, y Luis Manuel Martínez (White Boy), a cuatro años de prisión suspendida.
Las condenas se impusieron también contra las entidades societarias Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL.
Los condenados enfrentaron cargos por violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. En todos los casos, el tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público y validó la legalidad y pertinencia de las pruebas presentadas.
Con esta operación, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza la criminalidad organizada y el ciberdelito, garantizando justicia para las víctimas e impulsando una respuesta institucional robusta frente a amenazas que afectan no solo el orden público, sino, también, la imagen internacional del país y la confianza en la República Dominicana como destino turístico y de inversión segura.
About Author
