U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House, following the Supreme Court's ruling that Trump had exceeded his authority when he imposed tariffs, in Washington, D.C., U.S., February 20, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz REFILE - CORRECTING MONTH
La mayoría del alto tribunal concluye que el presidente utilizó de forma indebida la ley de emergencia para imponer gravámenes que, según la Constitución, corresponden al Congreso
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un revés a uno de los pilares de la agenda económica de Donald Trump. La corte ha invalidado gran parte de los aranceles globales aprobados por el presidente al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que esa norma no le otorgaba competencia para fijar gravámenes de forma generalizada.
La decisión, adoptada por la mayoría conservadora del tribunal, sostiene que la Constitución atribuye al Congreso la potestad en materia arancelaria. El presidente del Supremo, John Roberts, ha sido explícito en la fundamentación jurídica: «Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte de la facultad tributaria al Poder Ejecutivo».
La ley de emergencia, en el centro del fallo
El litigio se centraba en los aranceles anunciados por Trump en abril, aplicados a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como a las importaciones procedentes de Canadá, China y México desde febrero. El presidente justificó esas medidas invocando una emergencia nacional.
Sin embargo, tanto tribunales inferiores como un tribunal federal de apelaciones habían cuestionado esa interpretación. Los demandantes alegaron que la ley de 1977 utilizada por la Casa Blanca ni siquiera menciona los aranceles y que ningún presidente anterior la había empleado con ese fin.
El Supremo ha respaldado ese argumento y ha concluido que la aplicación realizada por el Ejecutivo vulnera el marco legal vigente.
División interna en la corte
Tres magistrados, Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, han discrepado del criterio mayoritario. Kavanaugh ha defendido en su voto particular que «los aranceles en cuestión pueden ser o no una política acertada. Pero, en cuanto al texto, la historia y los precedentes, son claramente legales«.
El fallo supone la primera gran revisión de la agenda económica de Trump ante el máximo tribunal, donde él mismo impulsó una mayoría conservadora de 6 a 3 durante su primer mandato.
Impacto económico y político
La Oficina Presupuestaria del Congreso estimó que los aranceles tendrían un impacto de alrededor de tres billones de dólares en la próxima década. El Departamento del Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares en impuestos a la importación bajo ese marco legal, según datos federales de diciembre. Varias compañías, incluida la cadena Costco, han solicitado ya reembolsos en los tribunales.
Trump calificó el caso como uno de los más relevantes en la historia del país y advirtió de que una sentencia adversa afectaría a la economía nacional. Tras la decisión, el presidente mantiene la posibilidad de recurrir a otras leyes para imponer aranceles, aunque con mayores límites procedimentales.
Trump califica la decisión de «profundamente decepcionante»
Tras conocer la noticia, el mandatario estadounidense ha expresado su decepción ante el fallo, asegurando que es una «decisión terrible» por parte de la Corte Suprema. Trump ha declarado este viernes ante la prensa que se trataba de un caso importante para él, «más como símbolo de seguridad económica y nacional».
Se trata de uno de los mayores reveses del presidente, aunque ha asegurado que tiene «alternativas muy poderosas» para imponer aranceles, y que tomará «una dirección diferente» en este sentido, por lo que no le frenará la decisión del Supremo sobre los gravámenes. De hecho, ya ha anunciado que impondrá un arancel global del 10% durante un periodo de 150 días para sustituir lo gravámenes de emergencia anulados.
Trump asegura que sigue la línea del artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 y que los aranceles se sumarían a los que ya están en vigor. La ley permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días a todos los países relacionados con problemas «graves y importantes» de balanza de pagos. No exige investigaciones ni impone otras limitaciones procedimentales.
Fuente: 3N
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