SANTO DOMINGO .- El Ministerio Público de Puerto Plata obtuvo una condena de 30 años de prisión en contra de un hombre que asesinó a otro y, además, por el uso ilegal de arma de fuego y robo agravado.
Jorvi Apolinar Severino Genao (el Guardia y/o Balola) fue condenado por la muerte del señor Julio Alberto Núñez.
De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Hilda Patricia Lagombra, el hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2023, alrededor de las 10:00 de la noche, cuando la víctima, quien laboraba como motoconchista en las inmediaciones del Parque Central de Puerto Plata, fue abordada en calidad de pasajero por el hoy condenado.
El imputado solicitó ser trasladado a la urbanización Los Maestros y, una vez en el lugar, exigió a la víctima que se detuviera, la lanzó al suelo y le realizó múltiples disparos con un arma de fuego, ocasionándole la muerte inmediata por heridas múltiples de proyectil en el tórax anterior, según el informe de autopista judicial No. 703-2023, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Posteriormente, el condenado despojó a la víctima de su motocicleta marca TVS, modelo Apache RTR 160, emprendiendo la huida. En su intento por evitar ser identificado, también realizó disparos contra dos ciudadanos que presenciaron el hecho, logrando herir a uno de ellos.
El tribunal acogió en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Jesús Ernesto Valenzuela, quien demostró la violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el delito de asesinato.
Asimismo, el tribunal presidio por la jueza Venecia Rojas estableció la violación a los artículos 66, 66 párrafo V, 67 y 78 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Las pruebas testimoniales, documentales y periciales aportadas durante el juicio fueron determinantes para que el tribunal dictara la pena máxima de 30 años de reclusión mayor, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la persecución efectiva del crimen y la defensa de las víctimas.
La condena impuesta deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.
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