La iniciativa priorizó la actualización del marco jurídico, la incorporación de herramientas digitales, mecanismos de denuncia y control preventivo, así como la adopción de estándares internacionales de gobernanza
Santo Domingo.- Durante el año 2025, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) afirma que consolidó una nueva arquitectura institucional de integridad y transparencia en la República Dominicana, reafirmando su rol como órgano rector de las políticas de ética pública, acceso a la información y lucha contra la corrupción, mediante reformas normativas, modernización tecnológica, fortalecimiento de controles y una activa articulación nacional e internacional.
La gestión estuvo orientada a crear el Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública del país a través de una agenda transformadora que incluyó la actualización del marco jurídico, el impulso de nuevas herramientas digitales, el fortalecimiento de los mecanismos de denuncias y control preventivo, así como la promoción de estándares internacionales de gobernanza.
En el ámbito legislativo, la institución promovió la propuesta de Ley Orgánica que crea la Digiteg, concebida como órgano autónomo rector del Sistema Nacional de Transparencia e Integridad Pública, integrando competencias en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con el objetivo de fortalecer la capacidad preventiva e investigativa del Estado.
Como parte de la articulación público-privada, en noviembre de 2025 la Digeig lanzó, en alianza con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER), destinada a promover prácticas éticas y sostenibles en el sector privado mediante herramientas de autodiagnóstico alineadas con estándares internacionales.
En materia de denuncias, entre 2020 y 2026 se concluyeron 1,225 casos, superando incluso el número de denuncias recibidas en el período. Solo en 2025 se registraron 96 nuevas denuncias y se concluyeron 89, para alcanzar una tasa de resolución de 80.9 %. Asimismo, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Administración Pública se finalizaron 225 acciones correctivas con un 77 % de cumplimiento.
En materia de modernización tecnológica, el Sistema de Acceso a la Información Pública gestionó 14,944 solicitudes, con un 92 % respondido dentro del plazo legal. El nuevo portal SAIP incorporó mayores estándares de seguridad y experiencia de usuario, beneficiando a casi 40,000 ciudadanos registrados, mientras que en la evaluación de 230 portales institucionales más del 93 % alcanzó niveles satisfactorios de cumplimiento en transparencia activa.
El fortalecimiento preventivo también se reflejó en la consolidación de 191 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y Oficiales de Integridad vigentes, que implementaron 63 matrices de riesgos conductuales en igual número de instituciones, mientras 24 instituciones formalizaron Compromisos Estratégicos de Integridad.
En el marco del VI Plan de Acción de Gobierno Abierto 2024-2028, el país integró 11 compromisos estratégicos impulsados por distintas instancias estatales, siete del Poder Ejecutivo, tres del Poder Judicial y uno del Gobierno local— orientados a consolidar un modelo de Estado Abierto.
Entre las iniciativas destacan una herramienta de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la información, la Plataforma Nacional de Servicios Municipales, la Carpeta Ciudadana #SoyYoRD, un sistema de control social del presupuesto, monitoreo satelital contra la deforestación, el Expediente Único de Salud, el programa de pasantías públicas, la interconexión de datos del sistema de justicia y seguridad, una plataforma digital de denuncias judiciales, la apertura de datos para una justicia más transparente y un sistema de reciclaje de plástico en San Pedro de Macorís.
Los avances normativos incluyen además la Ley sobre Conflictos de Intereses y Gestión de Regalos, la Ley de Protección al Informante, Víctimas y Testigos, la actualización de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 172-13 sobre Protección de Datos Personales, así como la emisión del Decreto 166-2025, que introduce por primera vez una medición integral y estandarizada de la transparencia activa y pasiva con criterios de calidad y oportunidad en las respuestas ciudadanas.
Estas reformas consolidan una arquitectura institucional orientada a la prevención, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho.
En el plano internacional, la República Dominicana avanzó en la agenda estratégica 2025-2026 con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desarrollando el Estudio de Integridad para identificar brechas estructurales y formular recomendaciones basadas en evidencia.
Asimismo, la DIGEIG lideró la construcción de la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública y participó en los Indicadores de Integridad Pública, fortaleciendo la medición objetiva del desempeño institucional.
En materia de Gobierno Abierto, el país fue electo miembro del Comité Directivo de la Open Government Partnership (OGP) para el período 2025-2028, consolidando su liderazgo global en transparencia y participación ciudadana. Un hito regional adicional fue la culminación de la Estrategia Nacional de Espacio Cívico, primera en su tipo en América Latina.
Durante la 11.ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el país copatrocinó resoluciones estratégicas, incluyendo una iniciativa sobre transparencia en el financiamiento político respaldada por 166 Estados.
En el marco de la política de formación impulsada por el presidente Luis Abinader, junto con el Instituto Nacional de Administración Pública, se articula un programa especializado de licenciatura con la Escuela de Gobierno de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigido a 1,200 responsables de acceso a la información y personal técnico, fortaleciendo competencias en ética pública, transparencia, protección de datos y gobierno abierto bajo estándares interamericanos.
Adicionalmente, la República Dominicana participa en el plan piloto internacional “Data for Now”, presentado en la sede de las Naciones Unidas, posicionándose como referente regional en medición verificable de la corrupción basada en datos.
El fortalecimiento de capacidades impactó también a 2,391 servidores públicos mediante jornadas presenciales y a 4,439 certificados en el Curso Básico de Ética donado por la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
La Campaña Nacional contra la Corrupción “Protegiendo lo Nuestro con Integridad” amplificó el compromiso ciudadano con la transparencia, mientras la séptima edición del Premio Nacional de Periodismo de Datos alcanzó récord histórico de participación, evidenciando un mayor uso estratégico de los datos públicos para la rendición de cuentas.
Con estos resultados, la Digeig consolida en 2025 una política integral orientada a la prevención, la transparencia y la integridad pública, fortaleciendo la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana en la República Dominicana.
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