Asciende a Diego Villafañe como fiscal de la Fiscalía del Supremo y nombra a María José Segarra como fiscal de Sala de personas con Discapacidad
La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha decantado la balanza por fiscales muy próximos a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, en su primera tanda de nombramientos al frente de la institución. La máxima representante de la institución ha sacado adelante un total de 17 nombramientos en la cúpula del Ministerio Público, en la mayoría de los cuáles ha beneficiado a personas del entorno del que fuera fiscal general del Estado, en detrimento de los candidatos apoyados por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF).
Se trata de puestos clave en la Fiscalía del Tribunal Supremo, de Anticorrupción, del Tribunal Constitucional, de Antidroga y de la Audiencia Nacional, entre otros entes, a los que se ha postulado un total de 86 candidatos. Así, y tras escuchar al Consejo Fiscal, Peramato ha designado como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal a Ana Isabel García León, José Javier Huete y a María Farnés Martínez.
La primera de ella es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y pertenece al entorno más cercano a García Ortiz. De hecho, el ex fiscal general del Estado la designó en 2022 como jefa de la Secretaría Técnica, uno de los principales órganos de apoyo del fiscal general y precisamente cargo que ejerció él mismo bajo el mandato de su antecesora Dolores Delgado. Para el cargo se postulaban seis fiscales del alto tribunal, entre los que se encuentran Consuelo Madrigal y Jaime Moreno; dos de los cuatro fiscales del procés que se negaron a acatar la orden de García Ortiz de aplicar la amnistía al delito de malversación.
Fuentes del Consejo consultadas por LA RAZÓN explican que los vocales de la AF han respaldado a estos dos fiscales y a la fiscal del alto tribunal María Ángeles Garrido. Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha votado a Madrigal a Huete y a Rafael Escobar, también fiscal del alto tribunal. Sin embargo, Peramato ha escogido a García León y Farnés (ambas consideradas de la cuerda del ex fiscal general) y a Huete. Este último no fue especialmente cercano a García Ortiz pero es uno de los fiscales má reconocidos y valorados de la carrera, siendo además que está próximo a la jubilación.
Del mismo modo, Peramato ha ascendido a la categoría de fiscal del Tribunal Supremo a Antonio Colmenarejo, María Isabel Gómez López y a Diego Villafañe. Este último fue una persona de máxima confianza de Dolores Delgado y García Ortiz. La ex fiscal general le ascendió en 2020 a teniente fiscal de la Secretaría Técnica. El hasta ahora «número tres» de la Fiscalía llegó a estar imputado en la causa abierta en el Tribunal Supremo en la que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. El alto tribunal le archivó la causa en febrero de 2025 al considerar que no había indicios suficientes como mantenerle investigado.
A este puesto se postulaban más de una treintena de personas, entre las que se encuentran la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Pese a contar con una experiencia y un currículum especialmente destacado, Lastra no partía como favorita precisamente por haberse enfrentado a García Ortiz en el juicio del Supremo. Su testimonio como testigo, de hecho, fue relevante de cara a la condena ya que dio a entender que el ex fiscal general estaba detrás de la filtración de los correos de González Amador.
Por el contrario, ha habido unanimidad en la designación de Marcelo Azcárraga como fiscal Antidroga y en la de Virna María Alonso Martínez como nueva fiscal de Anticorrupción. Del mismo modo, todos los vocales del Consejo han respaldado la elección de María José Segarra, quien fuera fiscal general del Estado en la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, y que era la única candidata que se postulaba a fiscal de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores.
Finalmente, Peramato ha propuesto como fiscales del Tribunal Constitucional a Raquel Muñoz -que fue ascendida a la Secretaría Técnica bajo el mandato de Dolores Delgado- y a Ignacio Rodríguez Fernández, actual letrado del Tribunal Constitucional. La Fiscalía ha precisado en una nota que ha basado su elección «en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y en su experiencia».
El Consejo Fiscal es un órgano consultivo pero no vinculante. Lo componen tres miembros natos (la fiscal general, su «número dos» y el fiscal jefe de la Inspección Técnica) y nueve vocales. Tras las elecciones de 2022, la mayoritaria Asociación de Fiscales logró nueve vocalías, mientras que la progresista UPF consiguió únicamente dos y la independiente APIF, una.
Fuente: Razón
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