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Por Becker Márquez Bautista
Amigo lector. Desde el año 2020 venimos escuchando en los discursos oficialistas la supuesta independencia de la justicia en la República Dominicana. Recientemente, el presidente Luis Abinader, en su rendición de cuentas, volvió a enarbolar esta bandera. Sin embargo, muchos ponemos en duda esa proclama, especialmente cuando observamos a figuras que deberían ser árbitros imparciales aplaudiendo con fervor político en la primera fila de un evento que, más que cuentas, pareció de «cuentos».
Es propicio recordar que la reforma constitucional de 2010 ya establecía en su artículo 170 la «autonomía funcional, administrativa y presupuestaria» del Ministerio Público. No obstante, la realidad fue distinta: se repartieron las altas cortes como botines de guerra y se designaron cuadros políticos en la cima del Poder Judicial. Los hechos, lamentablemente, suelen silenciar las leyes.
El Avance: Un Paso Institucional Necesario
Hay que reconocer que la nación ha dado un paso sin precedentes con la reforma constitucional de octubre de 2024 y la reciente Ley Orgánica del CNM de enero de 2025. Hoy, el Ministerio Público ya no es una simple extensión del gabinete presidencial. Se han levantado muros profilácticos: el requisito de cinco años fuera de la política activa y el traslado de la elección al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) son victorias institucionales que debemos admitir.
El hecho de que el Procurador General ya no sea un «ministro más» rompe con una tradición de subordinación simbólica. Pero, como analistas de la «biología del poder», sabemos que la independencia no se alcanza solo con tinta sobre papel, sino diseñando incentivos que eliminen la «lealtad por gratitud».
La «Trampa» de la Propuesta: El Cordón Umbilical
A pesar de los avances, el debate sobre la independencia real sigue herido por una razón estructural: el derecho exclusivo del Presidente de la República a proponer al candidato. Aunque el CNM sea quien seleccione, si la terna nace del despacho presidencial, persiste el riesgo de una «deuda de origen».
Es aquí donde mi visión de «Visión, Cambio y Valores» plantea una observación crítica: ¿Podemos hablar de independencia total cuando el máximo fiscal de la nación le debe su postulación al Jefe de Estado? Como he sostenido anteriormente: «Confundir una autonomía tutelada con una independencia real es como confundir un frasco de veneno con un jugo de tamarindo». El veneno, en este caso, es la sutileza de una lealtad que no necesita decretos para manifestarse, porque vive en la intención de quien propone.
Hacia un Fortalecimiento Definitivo
Para que la reforma de 2024 sea un legado sólido y no una simulación técnica, debemos vigilar tres pilares:
I.Transparencia en la Postulación: El proceso mediante el cual el Presidente elige a quién proponer ante el CNM debe ser público y basado en perfiles de carrera, no solo en la ausencia de militancia.
II. Autonomía de los Adjuntos: Si el Ejecutivo sigue proponiendo a la mitad de los procuradores adjuntos, el equilibrio interno de la Procuraduría seguirá bajo la sombra del Palacio.
III. Presupuesto Blindado: La independencia del Artículo 17 de la Ley 133-11 será letra muerta mientras el Ministerio Público deba cabildear sus recursos en el Congreso. La autonomía solo es plena cuando el presupuesto es automático e innegociable.
En Conclusión
Estamos en el camino correcto, pero no hemos llegado a la meta. La reforma de 2024 es el cimiento, pero nos toca a nosotros construir las paredes. La verdadera justicia no es la que el poder nos «permite» tener, sino la que el poder no puede tocar. Seguiremos vigilantes, porque una justicia con dueños, por más técnica que parezca, corre el riesgo de ser una «carreta vacía» que hace mucho ruido mientras la impunidad pasa de largo, o peor aún, volver a ser esa perra rabiosa que, históricamente, solo muerde al que camina con los pies descalzos.
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