Las firmas con laudos inician nuevas órdenes de descubrimiento de activos y requerimientos judiciales para rastrear cuentas, pagos y bienes del Estado español
Los fondos afectados por los recortes a las primas de las palantas renovables durante el Gobierno de Mariano Rajoy llevan su ofensiva legal contra España a una nueva fase. Ante la persistente negativa del Estado a pagar los laudos arbitrales, han iniciado requerimientos judiciales para localizar y eventualmente embargar bienes en Estados Unidos.
Después de una serie de victorias judiciales en distintas jurisdicciones, entre ellas las obtenidas recientemente ante los tribunales supremos de Singapur y del Reino Unido, dan ahora un paso más en su estrategia legal al otro lado del Atlántico. Allí, los acreedores han logrado registrar hasta siete laudos arbitrales y que estos sean reconocidos como sentencias plenamente ejecutables. Ese reconocimiento abre la puerta a mecanismos procesales destinados a identificar, localizar y eventualmente embargar activos del Estado español.
Hasta el momento son siete los casos en los que las empresas demandantes han obtenido resoluciones favorables: 9REN (44 millones de euros), Cube (40,2 millones), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). En conjunto, la deuda con estas compañías alcanza los 688,4 millones de euros, una cifra que continúa creciendo a medida que se acumulan intereses de demora. Todos litigios fueron resueltos por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
Tras estas decisiones judiciales, los acreedores han solicitado autorización para registrar los laudos en otros distritos federales adicionales en EEUU. Entre ellos figura el Distrito Sur de Nueva York, donde consideran que podrían existir activos susceptibles de embargo. El objetivo es facilitar futuras medidas de ejecución que permitan compensar a las compañías afectadas por el impago.
En esta nueva fase se han activado también procedimientos formales de descubrimiento de activos —conocidos como discovery orders— y se han emitido requerimientos judiciales. Estos se han dirigido tanto a entidades privadas que prestan servicios al Reino de España como a organismos públicos vinculados al Estado.
Las diligencias buscan rastrear relaciones contractuales, flujos de pago, cuentas bancarias y cualquier otro activo situado bajo jurisdicción estadounidense que pudiera ser objeto de embargo. Los requerimientos han alcanzado a instituciones financieras, empresas participadas por el Estado español, entes públicos con presencia en Estados Unidos e incluso a sociedades vinculadas a la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026.
El propósito es claro: determinar si existen bienes o derechos del Estado español en territorio estadounidense que puedan ser ejecutados. Se trata de un procedimiento habitual en la ejecución internacional de laudos arbitrales cuando el deudor continúa ignorando una resolución ya reconocida por tribunales competentes.
Una deuda de 2.302 millones
Actualmente, la deuda acumulada de España con sus acreedores supera ya los 2.302 millones de euros, de los cuales 1.754,7 millones corresponden a indemnizaciones pendientes de pago y 538,3 millones a sobrecostes judiciales y financieros asociados a los procedimientos de ejecución.
Más allá de EEUU, las iniciativas de ejecución también avanzan en Europa y en la región Asia-Pacífico. En Bélgica, los tribunales han autorizado varios procedimientos de embargo relacionados con el impago del laudo en el caso OperaFund, lo que ha provocado el bloqueo de 482 millones de euros en flujos de pago que el organismo europeo de navegación aérea Eurocontrol debía transferir a Enaire, su homólogo español.
Por su parte, el Tribunal Supremo emitió la pasada semana una dura sentencia que rechaza los últimos argumentos presentados por España y zanja de una vez la disputa del caso
Infrastructure Services (101 millones de euros de indemnización pendiente, a los que se deben sumar casi 27 millones en concepto de intereses de demora).
Es importante recalcar que, tras la publicación de la sentencia del Supremo británico, la magistratura británica ha fijado un tipo de interés del 8% para el cálculo de los intereses de demora que se puedan acumular en caso de que persistan los impagos. Cada año, esto puede suponer un sobrecoge de 150 millones de euros, salvo si España ceja en su estrategia de incumplimientos y llega a un acuerdo para cumplir con sus acreedores.
En Asia, el Tribunal Superior de Singapur registró el pasado mes de febrero el laudo correspondiente al caso NextEra, reconociendo formalmente una deuda de 290 millones de euros de España con la compañía estadounidense.
Asimismo, en agosto de 2025 el Tribunal Federal de Australia ordenó la ejecución de cuatro laudos —RREEF, 9REN, Watkins y NextEra— por un valor conjunto de 469 millones de euros.
Fuente: VozPopuli
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