Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Ingenieros dominicanos residentes en esta ciudad manifestaron su apoyo a la demanda de sus colegas en la República Dominicana, para que el Congreso Nacional otorgue carácter prioritario al proceso de subsanación de la observación realizada por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que ordena el pago de la deuda histórica del Estado con contratistas de obras públicas.
En un documento de prensa, los profesionales Wilson Madera, Leonardo Cabrera, Luis Rodríguez, Ernesto de los Santos, Clara Reyna, Nelson Amarante, Francisco Ortiz y Víctor del Rosario sostienen que se trata de una situación que afecta a decenas de constructores que ejecutaron obras para el Estado dominicano hace más de dos y hasta tres décadas.
Resaltaron que muchas de esas obras continúan hoy prestando servicios a la población, como escuelas, carreteras, edificaciones públicas e infraestructuras esenciales, infraestructuras de las cuales el Estado ha tenido un enriquecimiento ilícito.
Precisan que, como bien destaca el vocero autorizado del Comité Institucional Codiano (CIC), ingeniero Miguel Liberato, “la observación presidencial ha abierto la oportunidad para perfeccionar el texto legal, introduciendo los ajustes necesarios que permitan reconocer la existencia de la deuda”.
Igualmente coinciden con el criterio externado por los contratistas miembros del CIC en el sentido de que “deben establecerse mecanismos diferenciados de validación y pago, tomando en consideración las distintas situaciones jurídicas en que se encuentran los acreedores del Estado”.
Asimismo, indican que la comisión especial designada por la Cámara de Diputados debe rendir su informe en un plazo razonable, de manera que el Congreso Nacional conozca y apruebe las modificaciones correspondientes sin prolongar innecesariamente la espera de los contratistas afectados.
El ingeniero Liberato, vocero del CIC ha insistido en que “el país debe recordar que estas obras no son hipotéticas ni ficticias; fueron ejecutadas, supervisadas y recibidas por el Estado, forman parte del patrimonio público y lo único pendiente es cumplir con el pago correspondiente”.
Los profesionales dominicanos radicados en esta urbe sostienen que la solución de esta deuda histórica no solo representa un acto de justicia para los contratistas, sino también una oportunidad para fortalecer la credibilidad institucional del Estado dominicano, enviando una señal clara de respeto a los compromisos asumidos en materia de contratación pública.
Finalmente, los constructores hacen un llamado a los legisladores para que coloquen este tema en un lugar prioritario de la agenda legislativa, a fin de que la subsanación de la observación presidencial y la aprobación definitiva de la ley se produzcan en el menor tiempo posible, cerrando así un capítulo que durante décadas ha afectado a numerosos profesionales y empresas del sector construcción.
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