Los procesados por el Ministerio Público, Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombianito) y Pedro Julio Pérez Hernández (Julito), además deberán pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Estado
SANTO DOMINGO, RD.- Al acoger la acusación del Ministerio Público, los jueces de un tribunal de Santo Domingo Este condenaron a siete años de prisión a dos hombres que clonaron más de 5 mil tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
Jerry Antonio Moreno Ortiz (el Colombianito) y Pedro Julio Pérez Hernández (Julito) fueron procesados al establecerse con diferentes medios de pruebas que clonaron 5,136 tarjetas y cometieron estafa mediante la utilización de medios electrónicos. La condena establece que ambos deben pagar al Estado, a través de la Adess, una indemnización de 10 millones de pesos.
El Ministerio Público procesó a Moreno Ortiz y Pérez Hernández por violar varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y del Código Penal dominicano, que condenan la asociación de malhechores, la estafa electrónica, el robo a través de alta tecnología, la obtención de fondos ilícitos, la clonación de dispositivo de acceso y la falsificación de documentos y firmas.
El caso fue descubierto durante un allanamiento por un asesinato. El 27 de marzo de 2024 el Ministerio Público ejecutó con orden judicial el allanamiento en el domicilio de Moreno Ortiz, en un residencial de Santo Domingo Norte, por su vinculación con la muerte de la señora Ana Gómez (la Colombiana), asesinada en una intersección de la ciudad de Santiago, donde se conoce el proceso judicial.
Aunque en dicho inmueble se buscaban evidencias por el asesinato, durante el allanamiento fueron ocupadas las tarjetas de la Adess y arrestados en flagrante delito ambos procesados, al establecerse que en dicho lugar operaba un centro de clonación de tarjetas del programa social destinado a favorecer a personas de escasos recursos económicos.
En el transcurso de la inspección además fueron ocupados dos verifones, una gran cantidad de cédulas, una laptop, una impresora de tarjetas, además de 6 teléfonos móviles, un carro y una motocicleta, entre otras pruebas.
El fiscal Carlos Calcagno, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, coordinó la investigación del caso que fue litigado por un equipo integrado por Ana Basora y Nehemías Salazar, director del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y Propiedad Intelectual de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte.
El caso fue investigado con el apoyo de la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Fiscalía de Santiago, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Nacional.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías Martínez, ordenó el cumplimiento de la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
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