Por : Miguel Sánchez
En la República Dominicana, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) fue concebida como un organismo para ordenar el tránsito, educar a los ciudadanos y preservar vidas en las vías públicas.
Sin embargo, en la percepción de amplios sectores de la población, su rol ha ido mutando peligrosamente hacia el de una institución represiva y recaudadora.
Cada día son más frecuentes las quejas de conductores que sienten que el agente de tránsito no está para orientar, sino para sancionar.
La multa parece haberse convertido en el lenguaje principal, desplazando la educación vial a un segundo plano casi invisible. En lugar de formar ciudadanos conscientes, se castiga a infractores que muchas veces desconocen las normas o simplemente se mueven en medio de un sistema caótico donde la informalidad domina.
El problema no es la existencia de sanciones. Toda sociedad organizada necesita reglas y consecuencias para quienes las violan.
El verdadero cuestionamiento radica en el desequilibrio: cuando la fiscalización supera ampliamente la educación, se genera una relación de confrontación entre autoridad y ciudadanía. El agente deja de ser un orientador para convertirse en una figura temida, y la institución pierde legitimidad.
A esto se suman denuncias sobre prácticas inadecuadas, discrecionalidad en la aplicación de multas y una preocupante falta de transparencia. Estos elementos alimentan la percepción de que más que ordenar el tránsito, se busca recaudar.
Pero sería simplista cargar toda la responsabilidad sobre la DIGESETT. La crisis del tránsito en el país es también reflejo de una débil cultura ciudadana, del irrespeto generalizado a las normas y de la ausencia histórica de políticas educativas sostenidas en materia vial. No obstante, es precisamente ahí donde la institución debe asumir su rol transformador.
La DIGESETT necesita reenfocarse. Debe apostar a la educación masiva, constante y efectiva. Debe acercarse al ciudadano, orientar antes que sancionar, prevenir antes que castigar.
La tecnología puede ser una aliada para reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia, mientras que la formación continua de sus agentes es clave para recuperar la confianza pública.
El país no necesita una institución que solo multe; necesita una que forme, que guíe y que inspire respeto, no miedo. Porque al final, el verdadero orden no se impone con sanciones, se construye con conciencia.
La pregunta sigue en el aire: ¿seguirá la DIGESETT siendo vista como un ente recaudador o asumirá el desafío de convertirse en una verdadera escuela sobre ruedas?
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