Danilo Cruz Pichardo
Indistintamente de la conducta de los funcionarios públicos, se estima que la priorización que ha dado palacio a las alianzas público-privadas, Ley 47-20, se interpreta como un mecanismo para la sustracción de bienes estatales. La experiencia indica que el Estado siempre se ha perjudicado con esa relación.
Los propios fideicomisos no dejan de ser un procedimiento innecesario y regularmente leonino al interés público. Particularmente el que se pretendía hacer con Punta Catalina se basaba en un contrato mostrenco, el cual fue retirado del Congreso por la presión de diversos sectores de la vida nacional.
Sin embargo, se aprobó el fideicomiso Pro- Pedernales, a través de la Ley 724-20, el cual es violatorio a ciertas normas jurídicas, y los espacios turísticos y zonas costeras de Cabo Rojo se conceden a contadas familias de la oligarquía nacional, que proyectan el levantamiento de obras con préstamos del Banco de Reservas, entre otros privilegios estatales.
De todos modos, es difícil de establecer niveles de corrupción pública en un gobierno en ejercicio, por lo que se carece de un balance aproximado de las irregularidades, aunque todos aquellos funcionarios empresarios, que hicieron grandes inversiones en campaña pasada, se supone que no fueron al Estado a sacrificarse por un sueldo de 300 mil pesos. Esos escándalos se pueden anticipar.
Se pueden anticipar, de igual manera, las repercusiones negativas que en términos económicos y sociales ocasionarían en el futuro todos esos empréstitos internacionales que de forma irresponsable viene haciendo el Gobierno. Conforme a economistas consultados ya la deuda externa asciende al 70% de nuestro Producto Interno Bruto.
Pese a que se ha tomado prestado mucho dinero (en dólares y euros), no se observan inversiones en sectores prioritarios para el país, como son educación y salud. Los primeros dos años del “cambio” el sector educación ha retrocedido y a diario salen escándalos, entre los cuales está el abultamiento abusivo de nómina, inclusive con personas que ignoraban estar adscrito al Ministerio de Educación.
Llama la atención que durante la pandemia, sin educación presencial, el Ministerio de Educación realizó una inversión en leche escolar ascendente a 10 mil millones de pesos.
La población dominicana observa impotente, además, el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Similar situación se registra en las farmacias populares. Se percibe un gran descuido en el sector salud, cuyo ministerio tiene que tomar una importante partida de su presupuesto para la atención de parturientas extranjeras, particularmente haitianas.
El festival de préstamos no ha servido siquiera para subsidiar el costo de los alimentos de la canasta familiar, los cuales registran alzas regulares, aspecto que reduce el poder adquisitivo de los dominicanos.
El problema de la inflación en bienes y servicios deteriora la aprobación del presidente Abinader, pero en estos momentos lo que más daño ocasiona a la imagen gubernamental es la criminalidad. Nuestras calles se han convertido en un infierno, donde la inseguridad ciudadana no tiene excepción, porque de la misma manera que atracan y matan a un humilde obrero, también asesinan a profesionales, comerciantes y oficiales de la Policía e institutos castrenses.
Se confirma al suscrito que detrás del incremento de la criminalidad hay “manos ocultas” de sectores políticos desplazados del poder, judiciales, policiales, militares y vinculados al narcotráfico, que apuestan al fracaso de la presente administración. A ese fracaso también apuestan, según trasciende, oficiales que apoyaron a Luis y no los tomó en cuenta.
Se informa que los rateros de las bandas barriales operan en contubernio con fiscales y oficiales de muchos cuarteles, los cuales a su vez reciben líneas de superiores.
Sin el concurso de esos sectores es un imposible que la criminalidad alcance los niveles que tiene en la actualidad, pero es al Gobierno que le corresponde enfrentarla con inteligencia, valor y fuerza, cualidades que están ausentes en las medidas que se observan, porque el prohibir la bebida alcohólica, a partir de las 12 de la madrugada, en la Provincia Santo Domingo, es un desatino y lo único que hace es afectar a comerciantes de la zona.
Mientras el presidente Abinader viene lidiando con problemas graves, el ingeniero Lisandro Macarrulla, exministro de la Presidencia, colgó un twet en el que, conforme a la interpretación que se le da, cuestiona el liderazgo, la confiabilidad y competencia de Luis Abinader. Se dice que Macarrulla acusa a Abinader de incumplimiento de palabras de compromisos establecidos en campaña.
A Macarrulla se le percibe como un vocero de los Vicini, poderosa familia empresarial, que parece que empiezan a guardar distancia pública con Luis Abinader. Se informa que los Vicini apoyan a Leonel Fernández, pero que también persiguen lanzar la candidatura de David Collado a la Presidencia de la República, en el hipotético caso de que Luis Abinader opte por la reelección, con la finalidad de restarle fuerza. Se dice que ya, por lo menos, hay una sigla identificada para apoyar al actual ministro de turismo.
A Luis Abinader las encuestas de escritorio, es decir, las que hacen en oficinas de palacio, lo presentan como candidato presidencial, pero todavía no lo es. Necesita ganar las primarias del PRM.
De los tres partidos mayoritarios el único que tiene su candidato definido es el PLD, en la persona de Abel Martínez. Se sabe que Leonel Fernández sería el candidato de la Fuerza del Pueblo, pero es un requisito previo la celebración de un evento interno, donde posiblemente el expresidente sea aspirante único.
Luis Abinader, sin embargo, tendría competencia con Ramón Alburquerque. Y más que con Ramón Alburquerque la tendría con Guido Gómez Mazara, que cuenta con estructura nacional, consultores, equipo técnico y con programa de gobierno.
Guido solo espera la apertura oficial de la campaña para las elecciones internas y solo aceptaría una eventual derrota mediante métodos democráticos y sin el uso de los recursos estatales. Gómez Mazara ha aglutinado buen porcentaje del disgusto interno de los perremeístas que no tuvieron la oportunidad de trabajo en la administración pública. Luce muy confiado.
Luis Abinader, en cambio, tiene asesores nacionales e internacionales, que son supuestos expertos en materia de Marketing político. Se barajan múltiples alternativas respecto a las primarias del PRM, pero al momento no hay consenso ni nada definitivo.
Lo único que se observa es que al presidente Abinader se le complica el panorama político con miras al 2024, con las alzas constantes de los productos de la canasta familiar, pero sobre todo por el enorme incremento de la inseguridad ciudadana, para la que no ha tenido respuestas siquiera para remover al ministro de Interior y Policía y al director de la Policía Nacional.
El problema de la inseguridad ciudadana demanda –reitero— de inteligencia, coraje y medidas de fuerza. Contrariamente Luis Abinader se expone a su liquidación política en corto tiempo.
El panorama se le complica todavía más a Abinader con el distanciamiento de segmentos empresariales y los problemas internos del PRM.
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