Los conceptos emitidos en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor
Por: Yovanny Corporan Romero
Lo ocurrido en Santiago de los Caballeros no fue un simple hecho de tránsito. Fue un asesinato que expone una falla crítica: un ciudadano pidió ayuda y el Estado no llegó a tiempo.
En medio de una persecución, el chofer se detuvo en un destacamento policial. Alertó que lo querían matar. No recibió respuesta efectiva. Luego se dirigió hacia el Palacio de Justicia y, aun así, fue alcanzado por una turba que lo asesinó.
Aquí hay dos niveles de responsabilidad que no pueden ignorarse.
El primero es el de quienes participaron directamente. No se trató de una riña. Fue una acción colectiva. Una turba de motoristas persiguió, acorraló y mató. El Ministerio Público ha actuado correctamente al tratarlo como un crimen grave. Ahora corresponde identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia.
El segundo nivel es institucional. Si un ciudadano solicita auxilio en un destacamento y no lo recibe, el sistema falló. Esa posible omisión debe investigarse con la misma seriedad. La autoridad no puede ser espectadora.
Este caso también abre una discusión incómoda, pero necesaria. Existe un problema real de control en una parte del sector de motoristas. Negarlo no ayuda. Generalizar tampoco. Pero ignorarlo sería peor.
La respuesta no debe ser improvisada ni contraria a la Constitución de la República Dominicana, sino firme y estructurada: regulación efectiva, identificación obligatoria, fiscalización constante y consecuencias claras.
Porque cuando el Estado no actúa a tiempo, otros imponen su propia “justicia”. Y eso es exactamente lo que una sociedad no puede permitirse.
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