El procesado afectó a Edesur con más de 18.1 millones de pesos
SANTO DOMINGO, RD.- Tras acoger el pedimento del Ministerio Público, a través de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), un tribunal de Barahona dictó auto de apertura a juicio en contra de un hombre acusado de incurrir en fraude eléctrico en perjuicio del Estado dominicano y del sistema energético nacional.
Leonel Emilio Novas de León fue procesado tras una denuncia interpuesta por Edesur Dominicana que llevó al Ministerio Público a realizar un allanamiento en la propiedad ubicada en la calle Principal, sector El Manantial, de Santa Elena, en la provincia Barahona, arrendada a Novas de León.
En audiencia, los fiscales Freddy Guzmán Liberato y Ángel A. Arias Méndez mostraron al juez Daniel Emilio Medina Pimentel, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Barahona, las pruebas irrefutables que justifican el envío a juicio de Novas de León.
El procesado atrapado el flagrante delito, en violación de los artículos 124-2,125 letra C y 125-2 letra B numeral 4 de la Ley General de Electricidad (125-01), modificada por la Ley 186-07, que tipifican y sancionan penalmente el hurto de energía, la alteración de sistemas de medición y el establecimiento de conexiones clandestinas o ilegales.
En el lugar fueron encontrados tres transformadores de 100 KVA en una caseta techada de zinc, color rosado y al final una caseta con estructura metálica, color negro, techada de Aluzinc, la cual tenía una conexión directa ilegal al circuito de Edesur Dominicana.
A través de este método de hurto, el acusado consumió un millón ochocientos noventa y dos mil setecientos cuarenta y cinco kilowatts (1,892,745 KWH) y mil quinientos setenta y siete punto sesenta y cinco KW (1,577.65 KW), lo que es equivalente a un importe monetario a recuperar por la empresa Edesur Dominicana, de 18 millones 188 mil doscientos 241.9 pesos.
Los representantes del Ministerio Público reafirmaron el compromiso de la PGASE en la persecución del delito eléctrico en todas sus modalidades y con ello el daño que causa a la población dominicana.
“El fraude no solo representa un severo daño económico al Estado y a las empresas distribuidoras, sino que también constituye un peligro inminente para la seguridad física de las comunidades debido a las conexiones irregulares”, manifestaron los representantes del órgano persecutor.
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